Bajo el argumento que no fueron solventadas las observaciones por 273 millones de pesos en la cuenta pública del 2023 del municipio de Santa Catarina, por mayoría, el Pleno del Congreso de Nuevo León solicitó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) el fincamiento de responsabilidades penales.
A petición del diputado local del PAN, Miguel Ángel García Lechuga, dijo que era necesaria la investigación, dado que hay gastos por más de 8 millones y medio de pesos por concepto de servicio administrado de cuatro unidades móviles equipadas.
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"Exhorto a Alejandro Reynoso Gil, auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, para que en uso de sus facultades y atribuciones proceda a emitir según corresponda, las acciones o recomendaciones establecidas en el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, o bien, las denuncias penales por hechos delictuosos en contra de los servidores públicos del Gobierno de Santa Catarina como Sujeto de Fiscalización, según el artículo 54, 82 fracción XXII y 89 fracción V, de la misma ley", señala el documento.
García detalló las observaciones no solventadas.
"La cifra de más de 273 millones de pesos, que no fue solventada en el informe de fiscalización 2023, representa una parte considerable de los recursos que podrían haber sido destinados a servicios básicos, como infraestructura, salud, educación y otras áreas fundamentales para el desarrollo de la comunidad.
"A su vez, de los registros de pacientes proporcionados, el municipio de Santa Catarina menciona que se les dio el servicio médico a solo 149 pacientes atendidos, y tomando como referencia dicha cifra representaría un costo individual de $58,160 por persona", refirió.
Calificó de incongruente la postura del municipio de Santa Catarina, encabezado por el morenista Jesús Nava, que no comprueba los gastos solicitados y sí quiere aumentar el predial a los ciudadanos.
"Finalmente, señalar que, adicional a los actos mencionados con anterioridad, descaradamente el gobierno de Santa Catarina, aquel gobierno que tiene casi 800 millones de pesos sin decirnos donde están, nos viene a solicitar el incremento del impuesto predial, claramente es darle un cheque en blanco para que más adelante se pueden convertir en miles de millones de pesos que se destine a su cartera el alcalde", concluyó.
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