El Congreso de Nuevo León solicitó a Agua y Drenaje y a la Secretaría de Finanzas del Estado que reactive el pago correspondiente a los ejidatarios del Ejido El Alto, en el municipio de Montemorelos, por los terrenos expropiados para la construcción de la Presa Libertad.
En sesión, Javier Caballero, diputado local del PRI, indicó que las autoridades deben garantizar la reparación integral de los daños ocasionados por la falta de cumplimiento en los compromisos adquiridos.
“Se vulneran los principios de respeto a la propiedad social y al debido proceso expropiatorio. Además, representa una violación directa a la seguridad jurídica de los ejidatarios, así como una posible responsabilidad administrativa y patrimonial para las autoridades involucradas.
“Esta omisión compromete la legitimidad del proyecto de la Presa Libertad, afecta la confianza de las comunidades rurales en las instituciones públicas y genera un precedente negativo en la gestión de infraestructura estratégica”, explicó.
Caballero consideró que restituir lo que corresponde no es un gesto de buena voluntad, sino una obligación legal que debe cumplirse de manera inmediata.
“Es para recuperar la legitimidad del proyecto y garantizar que ninguna comunidad en Nuevo León vuelva a ser desplazada sin la protección y la compensación que la ley establece”, puntualizó.
Guillermina González Balboa, presidenta del Comisariado del Ejido, acusó que Agua y Drenaje de Monterrey no los ha contactado para revisar la situación.
González señaló que hace dos años promovieron un amparo para que se les pagara lo pendiente a las 14 familias, pero que presuntamente funcionarios les solicitaron desistirse de la protección.
Desde entonces, expuso, no han liquidado en su totalidad los terrenos.
“Pedimos que nos ayuden en ese aspecto porque pues estamos sufriendo mucho, porque no nos mudamos a la misma comunidad, pero un lugar donde no hay ningún servicio porque anteriormente sí teníamos luz. Necesitamos que nos llegue el dinero, porque lo estamos necesitando bastante ahorita.
“Tuvimos un amparo hace como unos dos años y medio, pero nos mandaron decir los de Agua y Drenaje que si no lo quitamos, no nos iban a pagar, que lo quitaramos porque quitandolo inmediatamente nos iban a pagar, pero pues no”, finalizó.