Este viernes se llevó a cabo una reunión de más de 60 agremiados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Hidalgo con la senadora Nuvia Mayorga Delgado, a quien le fue solicitado su apoyo para que se revise la iniciativa de combate a defraudación fiscal, que de aprobarse, sería un golpe mayúsculo a la Iniciativa Privada (IP) en el país y en la entidad.
Lo anterior lo informó Édgar Espínola Licona, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), quien señaló que esta iniciativa podría tener imprecisiones que afecten a la inversión y a los empresarios que son la base fundamental de recaudación fiscal en el país.
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“Esta visita fue una petición a que antes de aprobarse la ley de combate a la defraudación fiscal se revise, porque si se aprueba, nos van a tachar peor que delincuentes, narcotraficantes y asesinos”.
“Esta nueva iniciativa permite que, si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) nos revisa, y ve una factura que se le haga sospechosa, al empresario lo hacen responsable y antes de averiguar pueden meternos a prisión, en donde pasaremos el proceso, no sin antes averiguar si la empresa que nos facturó, quebró o cerró, o bien, cambió de giro, y sabemos cómo se marca la justicia en México”, expresó.
Esta iniciativa surgió en el momento en el que se descubrió que el erario público deja de percibir entre 1.6 y 2 billones de pesos derivado de la simulación de operaciones, por lo que la senadora Mayorga Delgado se pronunció para sancionar a dichas empresas, pero sin iniciar una política de terrorismo.
“Si un día voy a cargar gasolina y pido la factura, y con eso que ahorita están cerrando gasolineras, o que descubran que esa gasolina que nos vendieron y nos facturaron era producto del huachicol, nos hacen responsable a nosotros”.
“Si de por sí es complicado facturar, mantener folios de factura, pagar despachos externos para que nos hagan facturas, ahora con esto, el gobierno nos puede meter a prisión antes de hacernos una auditoria”, expresó Espínola Licona.
Mayorga Delgado ha referido que se pierden cerca de 500 mil millones de pesos por la venta y compra de facturas, lo que hace urgente “que se regule y sancione”, pero ha señalado que también es necesario cuidar a los empresarios y a la inversión privada, “y no caer en un tema de espanto”.
“Necesitamos que no se apruebe esta ley”, explicó Espínola Licona, quien se une al llamado del CCE nacional, que en la misiva expuesta en su página de internet, señala que el sector empresarial valora el compromiso hecho por los legisladores para continuar con las mesas de trabajo y seguirá aportando sus argumentos para lograr ajustes que mejoren la reforma y eviten afectar a los contribuyentes.
“El CCE apoya firmemente la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal. La emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal, y hemos trabajado en conjunto con las autoridades para prevenirla y combatirla con herramientas más efectivas. Sin embargo, en los términos en que está planteada la iniciativa en el Senado, la estrategia resulta excesiva para tales efectos y puede generar inseguridad para la inversión productiva formal en el país”.
“En primer lugar, la iniciativa establece equiparar todas las figuras de defraudación fiscal con delincuencia organizada, lo que implicaría sujetar a los acusados a prisión preventiva de oficio sin derecho a fianza, posibilidad de extinción de dominio y procedimientos extraordinarios de investigación. Por supuesto, estos delitos deben ser sancionados penalmente, sin embargo, no se justifica que se haga a través de un régimen excepcional que sólo aplica a delincuentes de alta peligrosidad que ponen en riesgo la seguridad nacional y la existencia misma del Estado”, explica la misiva.
Así también expone que es indispensable establecer una diferenciación sustancial entre las organizaciones delincuenciales que se dedican a simular operaciones para vender facturas, y aquellos contribuyentes que puedan haber comprado alguna de ellas.
“Quien adquiere una factura lo hace para dejar de pagar una contribución y debe ser sancionado penalmente por ello, tal como está establecido en el Código Fiscal de la Federación. Pero las conductas son claramente distintas y el castigo, por tanto, debe ser proporcional”.
“Incluso, algunas conductas indebidas en materia fiscal, pueden cometerse por omisiones, errores o inconsistencias involuntarias, por parte de contribuyentes cumplidos. Con esta ley, podrían tener el riesgo de ser enviados a prisión y sus bienes vendidos, aún sin tener sentencia judicial”, señala la misiva.