Tras la indagatoria a una decena de permisos presuntamente irregulares emitidos desde hace 10 años, la Federación de Colonias (Fedeco) pidió al gobierno independiente de San Pedro reabrir el caso de la polémica autorización del Walmart Gómez Morín, que desató denuncias penales y la comparecencia de ex regidores en Texas, en una investigación realizada por el FBI.
Entrevistado vía telefónica, Gilberto Marcos Handal, presidente de Vertebra y la Fedeco, además del grupo de vecinos que presentó una acusación penal, dijo que el alcalde Miguel Teviño de Hoyos debe dejar precedente en este presunto acto de corrupción consumado en 2009, durante la gestión del ex panista Fernando Margáin Berlanga.
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Indicó que el caso aún no cierra ni prescribe en la Procuraduría de Justicia en el Estado, donde se interpuso la denuncia penal en 2010.
"(Que reabran) el permiso de Walmart y otros, no nada más es el Walmart, la verdad, no sé si la mayoría de los sampetrinos estén interesados, pero por lo menos los que luchamos contra todo esto sí.
"Y de hecho los procedimientos siguen abiertos, no se han cerrado, en ese sentido no han prescrito, yo creo que nos merecemos saber lo que pasó, una ratificación de lo que nosotros hemos sospechado en todo este tiempo", pidió.
MILENIO Monterrey publicó la pesadilla urbana en que viven los vecinos sampetrinos al denunciar fraccionamientos sobre cañadas, torres de lofts, oficinas clandestinas en zonas residenciales, venta de predios municipales a particulares, con sospechas de corrupción, desorden y caos.
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Al día siguiente, la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano confirmó que investiga la emisión presuntamente irregular de por lo menos 10 permisos de torres, plazas comerciales y unifamiliares otorgados incluso desde hace una década.
El 12 de marzo del 2010, vecinos de San Pedro, encabezados por Marcos, presentaron una demanda penal contra quien resultara responsable por las modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano 2024, que dejó al descubierto el permiso presuntamente ilegal para el uso de suelo del supermercado y que acabó en dos investigaciones, una por el gobierno de Nuevo León y la otra por la Comisión de Valores y el FBI en Estados Unidos.