Los secretarios de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, y de Salud, Jorge Alcocer Varela, pidieron a los senadores de Morena y sus aliados discutir en el próximo periodo de sesiones, que inicia el 1 de febrero, la despenalización de la producción, procesamiento, distribución y comercialización de la mariguana, así como de los productos para uso medicinal o lúdico.
Al participar en la reunión plenaria de Morena en el Senado, Alcocer Varela propuso incrementar a 23 años la edad mínima de consumo debido a que la madurez cerebral culmina en ese periodo.
Admitió que la estrategia prohibicionista es ya insostenible, "no sólo por la violencia que ha generado, sino por los malos resultados que ha presentado en materia de salud pública. La prohibición no se ha traducido en la reducción del consumo de cannabis. Se ha criminalizado inevitablemente a los consumidores, disminuyendo sus probabilidades de reinserción y rehabilitación y, sobre todo, el problema se ha convertido en una crisis de seguridad pública a nivel nacional".
Sin embargo, comentó que desde el punto de vista médico "nuestra propuesta alternativa es no estigmatizar a los usuarios, enfocarlos en mantener el control de los consumidores, mediante un seguimiento clínico y suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos personalizados y bajo supervisión médica".
Recordó que desde el punto de vista médico, el consumo de cannabis no es inocuo y causa daños a la salud, entre ellos problemas mentales y del comportamiento.
"La otra cara de la moneda, no lo podemos negar, son sus utilidades terapéuticas. Brevemente menciono que se reconocen notablemente sus propiedades analgésicas y antiepilépticas. Sabemos que disminuye la presión intraocular y ha demostrado tener efecto antiemético inductor del apetito en pacientes con quimioterapia y con infección VIH", agregó.
- Te recomendamos Amnistía, programas sociales y mariguana: AMLO plantea temas prioritarios a senadores Política
El funcionario enumeró varios puntos que deben considerar los legisladores antes de formular un reglamento para el consumo de cannabis, y así anteponer la salud de la población a los demás intereses. Entre ellos, tomar en cuenta los antecedentes de su uso, el contenido de cannabinoide en la presentación, la vía de administración, la interacción otras drogas o medicamentos y el uso concomitante de alcohol y benzodiacepinas, entre otras.
Además, dijo que es necesario crear una ruta efectiva de trazabilidad que permita rastrear el origen y destino del producto, desde la semilla, el cultivo, la fabricación, la distribución, el almacenaje, hasta la venta final, con el objetivo de garantizar la calidad del producto y detectar causas de problemas en todo el proceso.
“Establecer la venta de cannabis como un servicio socialmente responsable y, sobre todo, facilitar programas de rehabilitación y tratamiento para toda aquella persona que lo solicite. Esta es nuestra tarea. El mayor reto al que nos enfrentamos es el de equilibrar el enfoque de salud pública con los intereses comerciales”, subrayó.
En tanto, la titular de Segob recordó que como senadora propuso despenalizar la siembra y cultivo de mariguana con fines medicinales, industriales o lúdicos, así como regular la cadena completa de producción, distribución y consumo.
"Lo hice con un objetivo muy concreto: que miles de campesinos, víctimas de la delincuencia organizada, puedan obtener permisos de siempre y tengan asegurada la compra del producto por agentes autorizados para ello. Dejo en claro que el objetivo no es necesariamente el negocio privado, no es tampoco la rentabilidad de unos cuantos o incluso de muchos, eso no es lo que motivó mi iniciativa", indicó.
Subrayó que lo que motiva su propuesta es la justicia social, así como el derecho de cada persona adulta a su autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad y, por tanto, el ejercicio de esa misma libertad en sus decisiones de consumo.
"No hay evidencia contundente sobre el impacto de la despenalización de la producción y comercialización de la mariguana en los índices de violencia delictiva, no hay. Existen datos que apuntan en un sentido positivo, pero otros sugieren un efecto marginal", planteó.
No obstante, mencionó que "de lo que no tengo duda es que la despenalización quitará del horizonte de vida de miles de campesinos, ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios, una espada de Damocles, una amenaza que hoy pende sobre sus cabezas y alienta la acción del crimen organizado para presionar, extorsionar o someter la violencia a los productores del campo. Creo que la experiencia internacional nos ayudará a encontrar las mejores soluciones para México".
Con información de Angélica Mercado.
icc