La presidenta Claudia Sheinbaum excluyó de su reforma electoral los temas que no requieren una mayoría calificada, debido a que no son cambios constitucionales; por ello, podrían agruparse en el Plan B con ajustes legales y que confirmó, ya alista en caso de que la iniciativa enviada este miércoles 4 de marzo no sea respaldada.
Hay un grupo de temas que la mandataria abordó en reiteradas ocasiones durante los últimos días, o que incluso, fueron planteados por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en la presentación de la semana pasada y que no aparecen en la iniciativa.
Entre ellos, las áreas del Instituto Nacional Electoral (INE) que desaparecerían o que se reducirían, la operación temporal o permanente en los distritos y entidades, el recorte a su presupuesto o qué pasará con la información de resultados la noche de la elección.
PREP "se salva"... por ahora
Uno de los casos más destacados es la eliminación del Programa de Resultados Electorales (PREP), que la Presidenta consideró como “no necesario” pero que esta mañana reconoció que en su iniciativa “no se toca”.
Sheinbaum aclaró que es porque este programa no se encuentra en la Constitución, pero recalcó que, si se aprueba su propuesta de adelantar los cómputos distritales la noche de la elección, entonces se tendría que revisar la ley en la que este se encuentra regulado.
“El PREP está en la ley y nosotros estamos enviando la reforma constitucional. Y ahí lo que planteamos es que no tiene por qué esperar hasta el miércoles el cómputo distrital, sino que debería de comenzar en el momento en que se estén recibiendo las casillas. Si se aprueba, ya tendría que pasarse a la modificación de la ley”.
Es por esto que el PREP no se afecta en la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados, por ser un tema legal y no constitucional.
Recorte al INE, en suspenso
Lo mismo sucede con el financiamiento del INE, pues una de las mayores dudas era cuánto se reduciría su presupuesto, ante la explicación de la mandataria respecto a que el objetivo es reducir el gasto electoral en un 25 por ciento, contemplando a partidos, a autoridades electorales y a congresos.
Sin embargo, la iniciativa de reforma electoral no tiene una sola mención al financiamiento del INE, pues éste es regulado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y no en la Constitución.
La Carta Magna hace una sola mención a temas de racionalidad de manera genérica en el artículo 134, al señalar, sin una especificación al ámbito laboral, que:
“Los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad a los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo las necesidades de mejora y modernización de la administración pública”.
La LGIPE explica que el INE debe contar “con los recursos presupuestales, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones”.
El Consejo General del INE ha advertido que no podrían operar con un recorte del 25 por ciento directo a su presupuesto, pues esto pondría en riesgo la operación y organización de las elecciones, además de que sería imposible llevar a cabo las nuevas atribuciones que la reforma también plantea.
La iniciativa presidencial sólo incluye en el quinto transitorio que los sueldos de todas las autoridades electorales deberán ajustarse para que sean menores a los de la persona titular de la Presidencia de la República.
“Las remuneraciones de las personas servidoras públicas del INE, Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y Tribunales Electorales de las entidades federativas y de la Ciudad de México no podrán ser mayores a la establecida para la persona presidenta de la República en el presupuesto correspondiente, por lo que deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del ejercicio fiscal 2027”.
Juntas distritales, todavía en duda
Es también la LGIP la que establece la estructura con la que operará tanto en oficinas centrales como en todo el país, por lo que la duda sobre lo que pasará con las Juntas Locales y Distritales sigue siendo una incógnita.
En la presentación del decálogo por la democracia, Pablo Gómez señaló que se contaría con “órganos temporales”, y minutos más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre cuáles serían estos órganos que pasarían a ser temporales.
“No, no hemos planteado órganos temporales. En las Juntas Distritales hay reducción”, replicó.
Pero al tratarse de una disposición legal y no constitucional, hasta ahora no está claro si la idea es que las juntas distritales encargadas, entre otras cosas, de operar los Módulos de Atención Ciudadana donde se emiten las credenciales de elector en todo el país, es que sean temporales o reducir su estructura.
La LGIPE tiene todo un capítulo sobre la operación, facultades, atribuciones y responsabilidades de las juntas distritales, con al menos una decena de artículos que deberían ser modificados, pero desde la vía legal y no la constitucional.
Elección judicial y revocación de mandato, pendiente pero constitucional
MILENIO publicó que la Presidenta también excluiría de esta propuesta de reforma el cambio de fechas de la elección judicial y la revocación de mandato, para evitar que se estancaran en el debate de los temas que no convencen a sus aliados ni a la oposición.
Sin embargo, estos dos casos no son cambios legales sino constitucionales que sí requieren mayoría calificada, ya que, tanto la segunda parte de la elección judicial de 2027 como la fecha de la revocación de mandato de la presidenta de la República en 2028, están en la Constitución.
Por lo que, retrasar la judicial al 2028 y adelantar la revocación del 2028 al 2027, deben ser modificados desde la Constitución, además de sus leyes secundarias.
Es decir, estos dos temas no formarían parte de un Plan B que se enfoque en cambios legales para los que Morena podría transitar sin el apoyo de sus aliados y de la oposición.
MD