La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), y la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, presentaron un amicus curiae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para advertir que el Plan B electoral amenaza la independencia de las instituciones electorales de México.
El amicus curiae (amigos del tribunal o de la Corte) es un documento que aporta argumentos y opiniones jurídicas para enriquecer los elementos de juicio que los juzgadores podrán tomar en cuenta sobre un caso concreto a resolver. Proviene de terceros ajenos al litigio con el objetivo de fortalecer el estudio del tribunal sobre un asunto de carácter trascendente.
El documento fue presentado y firmado por Víctor Oléa Peláez, presidente de la BMA, y Amrit Singh, directora ejecutiva del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford.
En el informe técnico se establece que el paquete de reformas que han sido aprobadas en el Congreso atenta contra el principal árbitro electoral en nuestro país y “amenaza la independencia de instituciones electorales”.
Asimismo, destaca la necesidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) cuente con la infraestructura adecuada, recursos y fortaleza laboral que aseguren la efectividad e imparcialidad de los procesos electorales para garantizar elecciones justas y equitativas.
También se identifican siguientes riesgos graves para el INE como la eliminación del 84% del personal del servicio profesional de carrera del INE encargado de la organización de las elecciones. Ambas instituciones consideran que este drástico recorte eleva considerablemente las posibilidades de fraude electoral.
Menciona que el decreto analizado en la Corte viola la capacidad de autorregulación del INE permitiendo que el Ejecutivo Federal imponga al instituto nuevas estructuras, diseños organizacionales y recursos humanos, lo que vulnera gravemente su independencia, violando las obligaciones internacionales de México relacionadas con el principio democrático, el derecho al voto y el derecho a participar en elecciones periódicas auténticas.
Además, la reforma impugnada otorga a la Secretaría de Hacienda la facultad de alterar unilateralmente el presupuesto del instituto, lo que limita gravemente su autonomía.
El Plan B permite al Ejecutivo intervenir en las decisiones internas de carácter operativo y técnico en el INE, situación que viola los compromisos y obligaciones internacionales de nuestro país para garantizar organismos electorales independientes.
IR