En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, el diputado del PES, Carlos Leal, planteó reformar el artículo 329 del Código Penal, con el fin de que la persona que induzca o auxilie a las mujeres a abortar, pague con hasta tres años de prisión.
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En rueda de prensa, Leal, quien en los últimos dos meses ha presentado unas seis iniciativas en el mismo sentido, dijo que en redes sociales existen colectivos feministas que ejecutan la “apología del delito”, al inducir a las mujeres en gestación a realizarse abortos caseros.
Aseguró que dos colectivos que tratan el tema están bajo investigación por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, al realizar el delito de apología.
“Como seguimiento a nuestro combate contra la violencia al no nacido, presenté una iniciativa de Ley que reforma el Titulo décimo quinto delitos contra la vida y la integridad de las personas, modificando el capítulo X Aborto.
“Hay otras opciones como las adopciones y la verdad no sabemos por qué están induciendo a las mujeres a cometer un delito”, enfatizó.
De acuerdo con el también coordinador del PES, al reformar el artículo 329 quedaría como: al que induzca, auxilie o hiciera a abortar a una mujer, se le aplicará de uno a tres años de prisión.
Por su parte, el panista, Luis Susarrey, dijo que el aborto ya es permitido en la entidad y adjudicó la falta de información al Congreso local.
Aborto en Nuevo León
Con base en el último conteo de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, hasta el corte de agosto pasado, en la entidad se han reportado 67 interrupciones de embarazos.
Actualmente en el Estado el aborto está penalizado con la excepción de cuando la mujer corra peligro de muerte por su embarazo o cuando el feto sea producto de violación.
Ayer por la tarde, diversos colectivos alzaron la voz para solicitar que la interrupción del embarazo sea legal en la entidad.
Aborto en el Congreso
En marzo del 2019, en medio de manifestaciones a favor y en contra, por mayoría de 30 votos, el Congreso del Estado aprobó, en una sesión de más de cuatro horas, una reforma de adición por modificación al Artículo 1 de la Constitución de Nuevo León para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
Semanas después, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a cargo en ese entonces de Sofía Velasco, impugnó la reforma ante la Suprema Corte.
En la actualidad, la acción de inconstitucionalidad 42/2019 promovida en torno a la adición al primer párrafo del artículo 1º de la Constitución Política del Estado, aún se encuentra en trámite ante la Suprema Corte, sin que a la fecha se tenga conocimiento de la existencia de algún proyecto de resolución elaborado sobre el particular.