Diputados en el Congreso Local plantearon que sea el propio legislativo quien tenga la facultad de ratificar a los futuros presidentes del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, así como endurecer las sanciones a los empresarios del ramo que afecten en el servicio a los ciudadanos.
En entrevista, Francisco Cienfuegos, coordinador del PRI, explicó que la idea es que la propuesta del Ejecutivo Estatal sea aprobada y ratificada por las dos terceras partes del Congreso local y previa comparecencia de la persona que buscará asumir el cargo.
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En este sentido, resaltó que en caso de que el Legislativo rechace la propuesta del Ejecutivo ya sea porque se abstenga de resolver o no alcance la votación requerida, el Ejecutivo deberá tener un plazo de 10 días naturales para proponer a otro perfil.
“Se propone que el Presidente, que sea propuesto por el Titular del Ejecutivo y ratificado por el Congreso del Estado por las dos terceras de los integrantes, de conformidad al siguiente procedimiento: la aprobación se hará, previa comparecencia de la persona propuesta, por el voto secreto de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado.
“En caso de que el Congreso del Estado rechace a la persona propuesta para ocupar el cargo, se abstenga de resolver, o no se alcance la votación requerida, el Poder Ejecutivo propondrá, en un plazo de diez días naturales a otra persona”, dijo.
Dentro de esta misma iniciativa, el legislador priista reiteró la intención de sancionar con una fianza de 600 mil pesos e inhabilitar hasta por 25 años a todo aquel empresario del transporte que realice paros laborales y afecte la movilidad de los usuarios.
“A fin de evitar nuevos paros en el transporte público y como un ‘incentivo’ para que los concesionarios lo piensen dos veces, modificamos los artículos 63 y 84 para que se ordene el depósito de una fianza de 600 mil pesos, misma que será utilizada, para el caso de que existiera un paro del transporte y enfrentar la crisis de movilidad, lo anterior va aunado a que se inhabilitará de concursar hasta por 25 años al concesionario que no otorgue el servicio.