La iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) que será discutida en los próximos meses, busca que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se integre por nueve ministros, en vez de 11 que actualmente tiene, y que desaparezcan las dos Salas para que los asuntos sean abordados únicamente por el Pleno, cuyas sesiones deben ser públicas.
Se trata de la mayor reforma, después de la que impulsó el presidente Ernesto Zedillo en 1994, de la cual surgió el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el rediseño de la Corte, ya que se redujo de 26 a 11 ministros en el Pleno y se fijó un periodo de 15 años en el cargo para cada uno de ellos.
Hoy, se pretende que los ministros duren en su encargo 12 años, que no gocen de pensión y que sean elegidos de manera secreta a través del voto popular.
Asimismo, la iniciativa de reforma pone restricciones a magistrados que desempeñen funciones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para no ser electos como ministros. También se propone terminar con las pensiones vitalicias por retiro y reducir los salarios de los altos mandos.
Actualmente, la Corte es presidida por la ministra presidenta Norma Piña Hernández, y su pleno está integrado por las ministras Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz Ahfl, Lenia Batres y Yasmín Esquivel Mossa, además de los ministros, Luis María Aguilar Morales, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
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A partir de la llegada de Piña Hernández a la presidencia del Alto Tribunal en enero de 2023, se ha pretendido que las atribuciones conferidas de manera exclusiva a su presidencia estén sujetas a la consideración de los integrantes del Pleno.
Para ello, se crearon y pusieron en marcha los Comités de Ministras y Ministros, que fungen como instancias de consulta y apoyo para asesorar a la ministra presidenta.
También se creó el Comité de Programación y Agilización de Asuntos, donde Piña Hernández funge como presidenta y está integrado por los ministros Pérez Dayán y Aguilar Morales, con el objetivo de asesorar y apoyar a la ministra en su facultad de autorizar las listas de los asuntos que serán a consideración en las sesiones del Tribunal Pleno.
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La Primera mujer en la Corte
Norma Piña se convirtió en la primera mujer en acabar con más de 200 años de elección de presidentes varones.
No obstante, su gestión no ha sido fácil, debido a las diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el Congreso de la Unión, éste último que ordenó eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal, cuyo monto asciende a más de 15 mil millones de pesos.
Los desencuentros con el titular del Ejecutivo Federal iniciaron en Querétaro, el 5 de febrero de 2023, en la ceremonia conmemorativa del 106 aniversario de la Constitución.
Posteriormente, en mayo del mismo año, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Alejandro Armenta, declaró que la ministra lo amenazó.
Piña Hernández, reconoció que envió mensajes vía WhatsApp al legislador, pero rechazó haberlo amenazado.
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Silencio
Durante muchos años, los ministros no hablaron de temas públicamente y tampoco convivían con representantes de medios de comunicación.
Tradicionalmente era el presidente de la Corte quien a través de discursos hacía alusiones sobre lo que no gustaba que hiciera el Gobierno. Sin embargo, esto comenzó a cambiar con la llegada de ministros como José Ramón Cossío Díaz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quienes se acercaron a los medios.
Hoy, las ministras Ríos Farjat, Lenia Batres y Yasmín Esquivel Mossa cuentan con equipos que les ayudan a difundir información sobre los temas que les interesa o de los eventos en que participan.
Lo que sí continúa vigente, son las sesiones privadas, donde se acuerda cómo van a resolver algunos asuntos de manera pública.
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Pendientes
Entre los temas que tiene pendientes por resolver la Corte para este año, está la prisión preventiva de oficio; las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la oposición, que impugnan las reformas aprobadas fast track por la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión, conocidas como el “viernes negro”, y los amparos contra la reforma a la Ley Minera.