Aunque el sentido original contemplaba dar la razón al Gobierno del Estado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la controversia constitucional 276 y declaró la validez de los acuerdos y oficios que pasan la Defensoría Pública a responsabilidad del Poder Judicial del Estado.
Con tres votos en contra del proyecto original y dos a favor, los ministros de la Corte consideraron que la defensoría pública debe permanecer y operar bajo la responsabilidad del Poder Judicial que actualmente encabeza Arturo Salinas Garza.
Controversia quedó invalidada
En su intervención, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Presidente de la Primera Sala, acordó con otros dos de sus homólogos que, al estar de acuerdo con la declaración de invalidez de la controversia, así como de la validez de los acuerdos y oficios que reconocen la permanencia de la Defensoría Pública en manos del Poder Judicial, así debía pasar el resolutivo dentro del englose final de dicha sentencia.
"En contra, considero que es infundada la controversia y que debe declararse la validez de los acuerdos de oficios y fundamentos", señaló.
"Habiendo mayoría, entiendo que coinciden el sentido de la señora ministra y el señor ministro respecto de que debe declararse infundada la controversia constitucional, y la validez del acuerdo y oficios impugnados, planteó la posibilidad de que pudiéramos sacarlo ya con ese sentido otra vez del engrose", comentaron.
"En consecuencia, este asunto quedaría resuelto en el sentido de que es procedente y fundada la controversia constitucional, se reconoce la validez del acuerdo y oficios impugnados, y la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en los otros medios. Infundado y se reconoce la validez, en ese sentido quedaría aprobado", dijo.
Mientras que el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue desechado con los votos de los ministros Pardo Rebolledo, Loretta Ortiz Ahlf, y Juan Luis González Alcántara Carrancá.
"Asunto número uno, controversia constitucional número 276 de 2023, actor, Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, el proyecto propone: primero, es procedente y fundada la controversia constitucional; segundo, se declara la invalidez del acuerdo y oficios impugnados; tercero, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta", se leyó en el proyecto inicial del Ministro Pardo Rebolledo que fue desechado por mayoría.
Disputa por Defensoría inició hace un año
Así, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado será el órgano responsable de administrar y operar la Defensoría Pública, misma que antes estaba a cargo del Gobierno del Estado.
Lo anterior, después de un año de pugna y diferencias entre el Gobierno del Estado y el Poder Judicial por hacerse cargo de dicha dependencia.
Sin embargo, la legislatura pasada atendió una reforma constitucional a través del decreto 341 en el que precisamente se acordó que la defensoría pública pasaría a formar parte del Poder Judicial del Estado.
Defensoría llegó a tener dos sedes
Incluso, llegó un momento en el que se establecieron dos sedes de la Defensoría, una por parte del Estado, y otra por parte del Poder Judicial; ambas con su respectivo titular.
Sin embargo, ya la Corte se pronunció respecto de este caso y dio la razón al Poder Judicial para que se encargue de una vez por todas, y de manera definitiva, sobre la operatividad de la Defensoría.
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