La revisión de la cuenta pública 2024 del Poder Judicial de Tamaulipas dejó algo más que observaciones técnicas por 24.7 millones de pesos. La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó contratos firmados fuera de tiempo, gastos sin documentación suficiente y un esquema de arrendamiento vehicular cuyo costo acumulado llegó a equipararse o incluso superar el valor comercial de las unidades.
Las inconsistencias derivaron en 10 acciones de seguimiento, incluidas cuatro promociones de responsabilidad administrativa y seis solicitudes de aclaración, luego de que varias observaciones no fueron solventadas durante el proceso de fiscalización de operaciones correspondientes al último año de gestión de David Cerda Zúñiga al frente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Arrendamiento de vehículos bajo la lupa
Entre los hallazgos más relevantes figura un contrato de arrendamiento de vehículos por 3 millones 907 mil pesos. De acuerdo con el informe publicado en la página web de la ASE, el Poder Judicial formalizó el contrato después de iniciado el servicio, realizó pagos antes de la firma del convenio y no acreditó documentalmente que la empresa contratada ofreciera las mejores condiciones de precio y calidad.
La ASE advirtió además que el monto pagado por algunas unidades arrendadas equivale o incluso supera su costo comercial, situación que, señaló, evidencia una posible falta de optimización en el uso de recursos públicos.
Pagos a proveedores y contratos extemporáneos
Las observaciones no se limitaron al parque vehicular. El órgano fiscalizador también detectó pagos por más de 5.1 millones de pesos a la empresa Edenred México por concepto de combustible sin que se presentara el contrato que formalizara la prestación del servicio ni documentación vigente que acreditara plenamente la relación contractual con el proveedor.
Asimismo, fue observado un contrato por 812 mil pesos para la creación de especialidades en Derecho, luego de que la propuesta de servicios fue elaborada con fecha posterior a la firma del convenio y el propio contrato fue suscrito después de haber iniciado su vigencia.
El informe también señala irregularidades en contratos de arrendamiento de inmuebles y servicios de vigilancia por 4 millones 784 mil pesos, debido a que fueron firmados una vez que ya habían comenzado a surtir efectos. Una situación similar se presentó en un contrato de telecomunicaciones por 307 mil pesos, donde los trabajos se realizaron antes de que existiera un instrumento contractual formal.
Viáticos sin documentación suficiente
En materia de viáticos y comisiones oficiales, la Auditoría solicitó aclaraciones sobre gastos por 115 mil pesos en boletos de avión y otros 175 mil pesos en hospedaje, al considerar que no se presentó evidencia suficiente para acreditar plenamente la realización de los viajes y eventos relacionados con dichas erogaciones.
En específico no anexaron el listado del personal que se hospedó en las habitaciones, oficios de comisión debidamente autorizados, lista de asistencia y fotografías del evento.
Infraestructura y manejo financiero
La fiscalización también alcanzó el rubro de infraestructura. La ASE observó que gastos por 9.4 millones de pesos fueron registrados como mantenimiento cuando, por las características de los trabajos realizados, correspondían a inversiones públicas relacionadas con rehabilitación, ampliación e intervención estructural de inmuebles.
Adicionalmente, el informe reporta cheques en tránsito con más de seis meses de antigüedad por 47 mil pesos y omisiones en la presentación de información financiera relacionada con una cuenta bancaria denominada en dólares.
Cuenta pública aprobada con seguimiento
Pese a las observaciones, el dictamen general concluye que el Poder Judicial cumplió en términos generales con las disposiciones legales y normativas aplicables por lo que su cuenta pública fue aprobada por la Comisión de Vigilancia y será calificada por el Pleno Legislativo. Sin embargo, las inconsistencias detectadas motivaron la promoción de cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa y seis solicitudes de aclaración que continuarán bajo seguimiento de la Auditoría Superior del Estado.
SJHN