El Poder Judicial de Nuevo León tomó este viernes las instalaciones del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, órgano que dependía, antes de las reformas concretadas por el Congreso local, al Poder Ejecutivo.
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A través de un comunicado, el Poder Judicial confirmó que con apoyo de la fuerza pública se procedió a tomar las instalaciones del instituto, luego de que un Tribunal Colegiado declarara la validez del decreto 341 que indica que la Defensoría pasa a ser jurisdicción del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, que encabeza Arturo Salinas.
“En cumplimiento a la Reforma Constitucional establecida en el decreto No. 341 por el Congreso del Estado de Nuevo León, en el que se acordó que el Instituto de Defensoría Púbica pasará a formar parte del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y habiéndose negado la suspensión definitiva por parte del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al C. Reynaldo Cantú Shay, el día de hoy, con el fin de evitar una afectación al servicio público, se inició el proceso de transición del Instituto de la Defensoría Pública a el Poder Judicial de Nuevo León.
“Esta acción se da luego de que un colegiado determinó el 22 de marzo del presente año que el decreto No. 341 emitido por el Congreso local, que corresponde a reformas a la Constitución local anteriormente señaladas, tiene validez”, detalla el comunicado.
Además de la toma de las instalaciones, también se dio el cambio de titular en la Defensoría al rendir protesta Luis García Alcántara, quien sustituye a Reynaldo Cantú, este último, quien se resistía a entregar las instalaciones del instituto.
“Al negarse la suspensión para efecto de que no continúe como titular del Instituto Cantú Shay, se reconoció la calidad de Luis Alberto García Alcántara como nuevo Director del Instituto, quien fue nombrado por el Consejo de la Judicatura del Estado, mediante acuerdo general 08/2023.
“Así, en cumplimiento a las responsabilidades del nuevo director se procedió a tomar posesión de las instalaciones del Instituto con apoyo de fuerza pública en virtud de que en diversas ocasiones se negó el acceso y entrega del mismo”, refiere el documento emitido por el Poder Judicial del Estado.
Durante la tarde, elementos ministeriales y de Fuerza Civil permanecieron en el cruce de Matamoros y Galeana, aunque los servicios en el Instituto de Defensoría Pública se llevaron a cabo de forma normal.
El decreto 341 que reforma el artículo 17 de la Constitución Política de Nuevo León a la letra dice:
"El Estado garantizará la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurará las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a los que correspondan a los agentes del Ministerio Público; este servicio será provisto por el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León, el cual será un Órgano del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y cuyo titular será designado por ese Consejo de la Judicatura por mayoría de votos de sus integrantes.
"El Instituto de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León tiene como finalidad la asistencia profesional de abogadas y abogados públicos que presten servicios gratuitos de defensa de las personas justiciables, con el objeto de regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero local, garantizando el derecho a la defensa en materia penal y el patrocinio legal durante la ejecución penal; así como el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias familiar, administrativa, fiscal, mercantil y civil", refiere.