Rodrigo de la Peza López Figueroa, juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, otorgó 18 suspensiones provisionales a igual número de empresas, resolución que dejó inoperante la aplicación de la Ley de Hidrocarburos.
Algunos de los artículos no habían sido materia de impugnación en las demandas de amparo interpuestas, que tiene en sus manos Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo en la citada materia.
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“Se concede la suspensión provisional solicitada, con efectos generales, para el efecto de que se suspendan todos los efectos y consecuencias derivados de los artículos 51, 57, 59 bis, transitorios cuarto y sexto, de la Ley de Hidrocarburos publicada el 4 de mayo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación”, detalla su acuerdo.
Dichos artículos prevén la suspensión –por seguridad nacional, seguridad energética o economía nacional– y revocación del permiso –por no cumplir con el requisito de almacenamiento mínimo que determine la Secretaría de Energía (Sener)– y la posibilidad de que únicamente sea la empresa productiva del Estado la facultada para manejar y controlar las instalaciones de las empresas intervenidas, ocupadas o suspendidas.
En una de sus resoluciones, el juzgador señaló que el decreto reclamado puede generar una “distorsión” en todo el mercado de hidrocarburos.
El juzgador indicó que los efectos señalados podrían extenderse en beneficio de personas distintas de la parte quejosa.
Para no generar un vacío normativo durante la vigencia de la suspensión provisional, las autoridades del gobierno federal deberán aplicar las disposiciones que se encontraban vigentes previamente a la expedición de la ley reclamada, señaló el juez.
Este viernes, el juez de la Peza determinará si concede la suspensión definitiva, fecha en la que también su homólogo Gómez Fierro tiene previsto celebrar la audiencia incidental para resolver el mismo tema.
El 3 de mayo, el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó suspensiones que frenaron la aplicación de la Ley de Hidrocarburos, porque se presume que atenta contra la competencia y libre concurrencia, además de que podría abonar a que Petróleos Mexicanos (Pemex) retome el papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética.
Las suspensiones que otorgó tienen efectos generales, es decir, protegen a todas las empresas del sector.
El juzgador puntualizó que la nueva reforma eliminó la posibilidad de que las empresas privadas puedan ser contratadas para manejar y controlar las instalaciones de los permisionarios que sean ocupadas, intervenidas o suspendidas, lo que brinda exclusividad a Pemex y sus subsidiarias sobre este tipo de contrataciones.
Lo anterior otorga una ventaja competitiva para ciertos participantes del sector, circunstancia que vulnera el derecho fundamental de libre competencia económica y concurrencia tutelado por la Constitución.
“Aunado a que este tipo de ventajas también podrían abonar a que Petróleos Mexicanos retome el papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética, lo que sin duda implicaría un retroceso para el desarrollo de todo el sector”, explicó.
AESC