La Auditoría Superior del Estado (ASE) anunció que tomará medidas de austeridad, luego de que la Tesorería Estatal enviara dos oficios relacionados al reajuste presupuestal, por lo que su reducción hasta el momento es de más de 4 millones de pesos, pero podría aumentar, y, además, prometió entregar los informes de la fiscalización de las cuentas públicas del 2019 en noviembre de este año.
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Tras comparecer a distancia poco más de una hora ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local, la ASE, a cargo de Jorge Galván, reveló que solicitaron que el reajuste presupuestal se realice en el gasto capital, o de lo contrario algunos trabajos se verían afectados.
En este sentido, la contadora pública y funcionaria de la ASE, Ariadna Flores Castillo, dijo que no realizarán ciertas inversiones que tenían programadas para este año, como la compra de computadoras, y actualización de software para la fiscalización de las cuentas públicas, entre otros.
“Llegó un primer oficio sobre el ajuste del segundo semestre con un monto de 3 millones 299 mil 173.54; Segundo oficio ajuste adicional al mes de agosto, de un millón 194 mil 528.32, y el total a la fecha de reducción de presupuesto es de 4 millones 493 mil 701.86”, contestó la contadora.
Los diputados que conforman la Comisión, como Álvaro Ibarra, del PRI; Mariela Saldívar, de Movimiento Ciudadano; Ivonne Bustos, del Verde; y Marlene Benvenutti, del PAN, lanzaron duros cuestionamientos en materia de fiscalización, sanciones y reducción presupuestal, pero a excepción de sus funcionarios, Galván respondía “seco” y en cuestión de segundos.
Por ejemplo, Álvaro Ibarra, del PRI, discutió que la ASE no sancionó a los funcionarios señalados en investigaciones periodísticas derivadas de las observaciones públicas, no obstante, el auditor aclaró que no está facultado para sancionar, sino únicamente para promover acciones.
Por su parte, la diputada del Verde Ecologista, Ivonne Bustos, solicitó que se aclarara como fiscalizará los 145 entes o que planes tendrá la ASE en materia tecnológica, y ante ello, Galván dijo que desde el año pasado han solicitado auditorías electrónicas.
“Garantizamos que todos los entes públicos van a ser fiscalizados y se van a entregar los informes dentro de los 130 días hábiles establecidos en la Ley, sin embargo, tenemos como meta presentar en noviembre los informes de resultados… y en dado caso que no se pueda sería hasta diciembre”, aseveró.
Ante esto, Mariela Saldívar, de Movimiento Ciudadano, consideró que si se comprometió a entregar los informes de las cuentas públicas de 2019, deberá hacerlo apegado a la Ley, o de lo contrario podría haber “auditorias light y a modo”.
Saldívar agregó que Galván tiene cinco municipios favoritos al no haber realizado la auditoría en materia de desarrollo urbano a Monterrey, San Nicolás, Guadalupe, Apodaca y Escobedo, pero más tarde, el jurídico de la ASE afirmó que sí ejecutaron la fiscalización de los entes.
La presidenta de la Comisión, la panista Itzel Castillo, adelantó que presentará un oficio en donde solicitará una auditoría especializada en el gasto covid-19 a los más de 100 entes, ya que a dos meses del año electoral “pudiera interpretarse el mal uso de este recurso”.
En una diapositiva, la ASE afirmó que fiscalizará a 145 entes públicos que incluyen los tres Poderes del Estado, las 66 Entidades de la Administración Pública Paraestatal, las 5 Entidades constitucionalmente autónomas, un organismo descentralizado no sectorizado, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Auditoría Especial de municipios, así como los 51 ayuntamientos y 18 organismos públicos descentralizados.
Galván dijo que la ASE tiene 301 plazas autorizadas, de las cuales solo 225 están ocupadas, por lo que hay 76 vacantes, pero del 100 por ciento de las personas que aplican para laborar, solo el 4% logra ingresar a la Auditoría.
Derivado de la pandemia del coronavirus, en la comparecencia aclaró que sólo permanecen en campo y oficinas para la fiscalización 153 personas, es decir, un 68 por ciento del personal, mientras que el 32 por ciento restante corresponde a 72 personas en riesgo, de los cuales 7 han dado positivo al covid-19.
Hoy se publicó que la ASE estableció que todas las actividades que realiza serán de carácter esencial, por lo que realizará la fiscalización apegada a los lineamientos que establece la Secretaría de Salud.