La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez, reconoció que la institución a su cargo “está al borde colapso”, tras el decreto por el que se establecen las medidas de austeridad en el país, por lo que hizo un llamado de ayuda para no dejar en Estado de indefensión a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
En entrevista con MILENIO, indicó que el recorte que se ordenó a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, “afecta a la CEAV más que a cualquier otra institución del gobierno mexicano”.
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“¿Qué les vamos a decir a las mamás de los desaparecidos que hoy somos su contención, su ayuda, su apoyo? ¿Qué les vamos a decir a los hermanos, a los padres que buscan a alguien, familiares de víctimas de feminicidio, o los que han sido torturados? Tantos casos tan dramáticos que tenemos aquí”, expresó.
De concretarse dicho recorte, la titular de esta comisión, Mara Gómez, advierte que quedarían pendientes las mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuales se refieren a recomendaciones de la CNDH, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre casos como Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, Guardería ABC, Tlatlaya y Casino Royale.
La comisionada dijo que atiende mensualmente a 7 mil 200 víctimas en promedio en todos los Centros de Atención Integral del país, además de que tramitan medidas de ayuda, hospedaje y alimentación para alrededor de cinco mil víctimas al mes, además de que ofrecen acompañamiento psicológico, contención emocional, apoyo social y asesoría jurídica especializada a 34 mil 215 víctimas.
Mara Gómez aseguró que dicha problemáticaya se hizo del conocimiento a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Indicó que en estos momentos la CEAV enfrenta 453 juicios de amparo, siendo la institución del gobierno federal que más juicios enfrenta por montos sumamente altos.
“Es una de las enormes batallas que estamos dando, para que no haya un pequeñito grupo de abogados que están lucrando con el dolor, porque eso no se vale. Nuestro resto es que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), el fari, no se lo queden sobre todo estos abogados, sino que sea repartido de manera justa, igualitaria entre las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos que tenemos en el país”.
—¿Este fondo cuántos recursos tiene?
Este año recibió 430 millones de pesos. Ese es el monto que recibió a principios año y mes con mes se va gastando…dimos un adelanto a las víctimas que vienen recibiendo mensualmente alguna ayuda, adelantamos por motivo de la pandemia de covid-19 tres meses. Ese fondo es insuficiente, muchas de las batallas que estamos dando es que se fondo se gaste de manera diferente y austera, que se privilegie a quien más lo necesite.
La comisionada reveló que les acaba de llegar una demanda de amparo donde la víctima está exigiendo que se le pague 150 millones de pesos, por un solo caso. Manifestó que la defensa legal del FAARI está en riesgo por la publicación del decreto. “Cómo vamos a defender el FAARI si no tenemos abogados especializados que puedan defender a las víctimas de este grupo de abogados”, expresó.
Además, abundó, de que tiene mucho más demandas por 10 o 20 millones de pesos, por lo que no hay manera de entregar tales cantidades.
“Me angustia si se aplica a rajatabla este decreto sin tomar en cuenta que somos una institución que protege derechos humanos…Más de 22 edificios de la CEAV son rentados, si no tenemos empleados, si no tenemos edificios, además también son rentados los teléfonos, las computadoras, los servidores donde está el Registro Nacional de Víctimas”, enfatizó.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó la reducción del 75 por ciento del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva, el cual asciende a 139.4 millones de pesos.
La CEAV detalló que por la reducción en su presupuesto se pone en riego el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras.
Tampoco le será posible pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 Centros de Atención Integral que hay en todos los estados del país.
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El área de traslados desaparecería, por lo que será imposible tramitar 9 mil 862 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el MP, Juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda. Los asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales tampoco podrán asistirlos durante dichas diligencias.
La reducción del 30 por ciento de asesores jurídicos impedirá brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874 víctimas al año, mientras que las 7 mil 200 víctimas que mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que hay en todo el país, no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica.
irh