Las diversas características de los 109 fideicomisos por desaparecer redundarán en aspectos legales complicados por precisiones en los transitorios, así como una cascada de demandas judiciales largas y complejas, dijo José Roldán Xopa, profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
En esto coincidieron investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav) y de la UNAM, quienes advirtieron que dependiendo de la naturaleza de cada fideicomiso, se podrían interponer amparos o acciones de inconstitucionalidad para evitar su desaparición.
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Reclamaron que aún no existe claridad sobre los mecanismos que implementarán los legisladores para garantizar los recursos a los centros públicos de investigación una vez que los recursos sean centralizados.
Roldán Xopa explicó que, para brindar certeza, se deben establecer reglas expresas que posibiliten la multianualidad de los recursos y la garantía de que éstos se sumarán al presupuesto de las dependencias o entidades, así como reglas que impidan presupuestos regresivos.
El profesor de derecho administrativo del CIDE indicó que si bien la vía para hacer uso del dinero otrora contenido en los fideicomisos será la presupuestal, no existe claridad sobre si esto se reflejará en incrementos presupuestales para las dependencias que asumirán las responsabilidades que tenían dichos fideicomisos. Lo cual, dijo, irá en contra de reducir la carga presupuestal al Estado.
“Pongamos un ejemplo, en este año nos dieron 50 pesos para el presupuesto del CIDE, pero nosotros necesitamos 100 pesos, el doble del presupuesto, entonces si el ofrecimiento es que van a seguir apoyándonos, nos tendrán que dar 100 pesos de presupuesto, es decir, la carga presupuestal va a ser mayor, es contraproducente, en lugar de ahorrar se va a tener mayor carga presupuestal”, consideró.
Añadió que la con la extinción de los fideicomisos los recursos de los fondos de los centros públicos de investigación se paralizarían, por lo que ya no podrían adquirir compromisos, pero que tampoco está claro qué ocurrirá con aquellos compromisos que ya están en curso.
“Yo espero que los compromisos adquiridos se concluyan porque si no, algunos centros que tengan proyectos anuales y bianuales se echarán a perder. Sería deseable concluirlos, cumplir con las garantías, los contratos que han celebrado los centros de investigación tienen que ser cumplidos, de lo contrario habría demandas, indemnizaciones”, indicó.
David Romero, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM consideró la extinción de los fideicomisos como un salto al vacío debido a que en el dictamen no existe reglas claras para la continuación del funcionamiento de las diversas entidades que hacen uso de éstos.
Coincidió que, de concretarse la extinción, los afectados interpondrán amparos o acciones de inconstitucionalidad que podrían emprenderse de manera personal o en grupo, según la naturaleza de los fideicomisos.
Alma Maldonado, investigadora del Cinvestav auguró que las instituciones emprenderán acciones legales para evitar la paralización de los recursos. Por ejemplo, dijo, en el caso de los fideicomisos mixtos para la investigación está involucrada inversión estatal, por lo que no descartó que los gobiernos estatales se inconformarían.
Liliana Quintanar, investigadora del Cinvestav, insistió que el impacto inmediato de la desaparición de los fideicomisos será brutal.
“Si hay una parte de la infraestructura científica, algún equipo que se descomponga y no estamos dentro de ese periodo de ejercicio fiscal que va de marzo a septiembre, entonces lo que va a suceder es que no vamos a poder continuar con ese tipo de situaciones y habrá proyectos, operaciones que se van a detener hasta que llegue el recurso fiscal del próximo año”, señaló.
AESC