Empleadas del Sistema de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna) Tepeji del Río se declararon en paro por acoso y hostigamiento laboral de parte de la presidenta y de la directora del Sistema local para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
“El personal de Sipinna nos declaramos en paro laboral debido al despido injustificado del que hoy fuimos víctimas, sumado a las acciones de hostigamiento laboral”, dijo Miriam Yoselin Chávez López, secretaria ejecutiva de dicha instancia”.
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La funcionaria explicó: “tomamos la decisión de irnos a un paro laboral, debido a que el personal jurídico municipal se presentó para informarnos que hasta el día de hoy laborábamos en el municipio, sin darnos mayor explicación”.
Dijo que al abordar “la situación de nuestro finiquito nos dijeron que no había dinero, que sería hasta febrero”.
Señaló que son cinco empleadas de confianza y una sindicalizada las afectadas por la determinación de la alcaldía que encabeza Moisés Ramírez Tapia.
Aseguró que desconoce con exactitud a qué se debe el hostigamiento en contra de su personal; sin embargo expuso que a partir de la entrega de un reconocimiento a su área por las buenas prácticas hubo hostigamiento.
“Cabe señalar que en el mes de agosto nos dieron un reconocimiento a nivel estatal por las buenas prácticas a nivel municipal y estatal, pero se han dado situaciones en donde la presidenta del DIF, Anel Jiménez Arias y su hermana, Estefania Jiménez Arias, directora del DIF, e incluso del mismo presidente”.
Chávez López expresó que “desde el mes de agosto tuvimos múltiples acercamientos con el presidente municipal, con la presidenta del DIF, secretario general, regidores; hace poco nos mandaron llamar de manera súbita, y les explicamos la situación y nos dijeron que al día siguiente nos iban a mandar llamar a mesa de trabajo para que les explicáramos que está pasando y de los expedientes, pero no ha pasado nada hasta el día de hoy, ni ninguna respuesta ni ningún acercamiento”.
Dijo que “la última vez fuimos acompañadas de un abogado, porque esta situación ya era insoportable, pero queríamos negociar, y ese día nos comentó el presidente que no nos iban a dar ni un peso más, ni un peso menos de lo que nos correspondía, de lo que la ley estipulaba, 90 días”.
Pero, prosiguió: “al día siguiente nos mandan a alguien, doblando funciones, a la directora del Instituto de las Mujeres, y en una actitud muy déspota, y esta persona solo nos ofreció 45 días; nos negamos, no llegamos a nada, y pasamos con el secretario y nos dijo que 60 días y tampoco llegamos a nada”.
Se redactó un acta circunstanciada, en la que se dio cuenta de la entrega de las llaves, aunque se especificó que la documentación no se podría entregar en ese momento, pues se encontraba a resguardo.