Activistas y organizaciones civiles presentaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amicus curiae, donde exponen argumentos legales para sean tomados en cuenta por los ministros durante el estudio de la reforma electoral conocida como Plan B, porque aseguraron que estas modificaciones representan serios retrocesos a los derechos que tenían ya garantizados.
Los integrantes de estas agrupaciones se dedican a la defensa de los derechos políticos de jóvenes, personas con discapacidad, indígenas y afromexicanas, migrantes y residentes en el extranjero, así como poblaciones LGBT+.
Explicaron que en el documento aportan argumentos sobre la inconstitucionalidad de los artículos 11, 11 BIS y 14 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, reformada por decreto del Congreso de la Unión a través del Plan B.
Asimismo, dieron a conocer que presentaron un amparo para impugnar la publicación del decreto de la reforma en materia electoral antes señalada, por incurrir en la omisión de consultar a las personas con discapacidad conforme a lo establecido en la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Indicaron que a lo largo de tres décadas de construcción de instituciones y legislaciones electorales, todos estos grupos históricamente excluidos han sostenido una lucha constante por sus derechos a la participación política, particularmente a la representación parlamentaria y en espacios de decisión.
“Con mucho trabajo y no pocas resistencias, hemos logrado acciones afirmativas, enmarcadas a veces en la legislación, a veces en sentencias, a veces en lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) o por los organismos públicos electorales locales (OPLEs).
“El Congreso de la Unión aprobó recientemente una reforma electoral, conocida como Plan B, en la cual nos encontramos con algo que nunca se planteó previamente para que fuera parte de una discusión pública: serios retrocesos en los derechos que ya teníamos garantizados para lograr la representación política que necesitamos y aspiramos”, agregaron.
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Recordaron que en 2021, el INE acató sentencias del Tribunal Electoral y aprobó cuotas tanto en representación por mayoría relativa como en listas de representación proporcional para nuestros grupos de población. Reservó al menos una fórmula de cada grupo en los primeros 10 lugares de cada lista.
“Así, se nos garantizaron 30 espacios para personas indígenas, cuatro para afromexicanas, ocho para personas con discapacidad, tres para personas de la diversidad sexual y de género, y cinco para migrantes o residentes en el extranjero. Es decir, 50 lugares para estos grupos históricamente excluidos.
“Esos lineamientos de acciones afirmativas producidos por el INE generaron un círculo virtuoso. Los partidos políticos registraron 520 personas, cuando solo tenían la obligación de registrar 50. Así, quedaron electas 65 personas de nuestras poblaciones; más de la mitad , representantes de comunidades y pueblos originarios”, enfatizaron.
El principal retroceso en derechos que implica el Plan B, abundaron, es que ese mínimo de 50 espacios conquistados en 2021 ahora se reduce a la mitad, solo 25, para todos estos grupos, y aún, no se define cómo serán distribuidos, sino que se deja al Congreso la responsabilidad de eventualmente establecer esos criterios y se le quita a las instituciones electorales cualquier facultad para especificarlos.
Algunas organizaciones que suscribieron las acciones presentadas son el Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción A.C., Colectivo de Personas con Discapacidad, Educación Especial Hoy, Empodera T CDMX, Federación Nacional de Sordociegos de México A.C., Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad (FINDEDIS), A.C., LGBT+ Rights México, Movimiento PcD, Mano Amiga de la Costa Chica A.C., YAAJ México, Red para la Inclusión de las Personas con Discapacidad A.C. (RENAC), Yo También. Discapacidad con todas sus letras, entre otras.
Piden renuncia de ministra Yasmin Esquivel
Por su parte, otro grupo de organizaciones entregaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 35 mil firmas que recabaron, donde se solicita la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, por el plagio de su tesis de licenciatura, situación que asegura la inhabilita para continuar en el cargo.
Carlos Angulo, ex diputado del PAN, declaró: “La renuncia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa se convierte en un paso fundamental pues su cuestionada reputación profesional contamina la integridad del más Alto Tribunal de la República”.
Sin embargo, cuando los manifestantes leían su comunicado fueron increpados por otro grupo que protestaba contra la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández.
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