Ante los secuestros registrados en los municipios de Pesquería, Ciénega de Flores, y el caso más reciente de 12 albañiles privados de la libertad en Anáhuac, y liberados al siguiente día, la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Susana Méndez, solicitó a la Secretaría de Seguridad coordinarse con los demás Estados.
Tras entregar el informe de actividades al Congreso local, Méndez dijo que cuentan con algunas quejas en contra de la Fiscalía General de Justicia, porque a juicio de los familiares de las víctimas, el personal de dicho órgano tarda en actuar para combatir éste delito.
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"Tenemos una enorme preocupación por un tema que son las desapariciones, que este caso no se puede normalizar y dejar de lado ya que no es un caso aislado como han pasado en otros municipios, ha pasado en Pesquería, Ciénega, Salinas, Anáhuac.
"Todas las autoridades tenemos la obligación de prevenir las violaciones de derechos humanos y en esta caso específico hemos hecho un llamado al secretario de Seguridad para coordinarse con las entidades federativas, hubo canadienses en Nuevo León y aparecieron en Ramos Arizpe y otras personas aparecidas en Tamaulipas, y aquí tienen que reforzarse las tareas de coordinación y tiene que en su caso evaluarse la política pública relacionada con la prevención del delito, o en su caso emitir algo con la relación de la desaparición, si han llegado reportes y las familiares tienen queja", indicó.
La presidenta del organismo señaló que la mayor preocupación que tienen es por los raptos que hacen a la luz del día, por lo que pidió mayor seguridad.
La fundadora de la Asociación Civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, reveló que durante la administración del gobernador Samuel García, en Nuevo León se duplicó el número de plagios de febrero a marzo de 2024, pasando de 3 a 7 personas, considerando que un 16% de las personas no regresan a casa.
En entrevista por Gladys Zavaleta, en Telediario Radio, De Wallace dijo que los más vulnerables a ser secuestrados actualmente son comerciantes, los de la economía informal y personas migrantes que, por miedo y otros factores, no lo denuncian, pues en lo que va del actual sexenio de Samuel García hay 69 privaciones de la libertad