El Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdió mucho en las elecciones de este año, empezando por su registro. El histórico partido de izquierda no logró reunir el tres por ciento de la votación requerida, con lo que dijo adiós a un patrimonio de más de 200 millones de pesos en bienes inmuebles que estaba bajo control de su dirigencia nacional.
Pese al desprendimiento de seis propiedades que estaban en manos del PRD nacional, los brazos estatales de este partido han ocultado la cantidad y el valor de los edificios y casas que poseen en la mayoría de las localidades. Sólo siete de 32 Comités Directivos Estatales han transparentado el caudal inmobiliario adquirido con recursos públicos.
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Apenas el 1 de octubre, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le ordenó dar a conocer información detallada sobre sus inmuebles, gastos y deudas, ya que no dio respuesta a la solicitud de transparencia de un ciudadano.
Ni la coalición con el PRI y el PAN pudo salvarlo de la catástrofe, pero en este juego de la política al menos se llevó un premio de consolación: la posibilidad de mantenerse como partido político local en 13 entidades federativas (donde superó el tres por ciento de la votación) y, con ello, retener más de 34 propiedades cuyo valor asciende a 64.8 millones de pesos.
MILENIO consultó en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot) la relación de bienes inmuebles de este partido a nivel nacional y estatal para cuantificar su patrimonio antes de los comicios del 2 de junio, los bienes que perdió tras su debacle y los que –por ahora– conservará en los lugares donde aún da señales de vida.
Aunque los partidos políticos están obligados a reportar esta información en el portal de transparencia, lo cierto es que sólo las dirigencias perredistas de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México y Zacatecas, además de la nacional, lo han hecho.
Pero no sólo es la pérdida de propiedades, sino que el PRD nacional dejará de recibir las prerrogativas que cada año reparte el Instituto Nacional Electoral (INE). En 2024, estos recursos superaron los 765 millones de pesos.
Sobre el patrimonio opaco de los partidos, la comisionada del INAI, Julieta del Río, explicó en el exhorto del 1 de octubre que “la extinción de un partido también conlleva un proceso importante en cuanto a reasignación de recursos financieros, bienes inmuebles y liquidaciones. De no hacerse correctamente y con un seguimiento puntual, se dejan espacios donde la opacidad puede permear, afectando los recursos públicos”.
Adiós al patrimonio inmobiliario
De los datos disponibles se desprende que con la pérdida de su registro nacional, el PRD tuvo que deshacerse en principio de seis propiedades a cargo de su Comité Ejecutivo Nacional, cooptado por el grupo de 'Los Chuchos', cuyo valor catastral asciende a 206.5 millones de pesos, según la información oficial.
Cinco se localizan en la Ciudad de México y la más costosa era la sede nacional de avenida Benjamín Franklin 84 (160 millones de pesos). Luego la sede histórica de Monterrey 50, que había sido reinaugurada apenas en junio de 2022, de casi 25.5 millones. Después las edificaciones ubicadas en las calles de Odontología 76 (5.2 millones), Durango 338 (5.1 millones) y Bajío 16 (1.2 millones).
La sexta propiedad, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tenía un valor de 4.5 millones.
La debacle perredista fue tal que tampoco lograron mantener su registro en 19 de las 32 entidades federativas, lo que implica también la pérdida de sus bienes inmuebles en esos lugares. El Sipot sólo tiene información reciente de dos estados: la dirigencia estatal de Hidalgo contaba con un edificio de 3.5 millones de pesos, mientras que la de Campeche conservaba otro cuyo valor no se transparenta.
De acuerdo con los artículos 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), la pérdida del registro extingue la personalidad jurídica del partido, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe designar a un interventor responsable del control y destino de sus recursos y bienes.
“El interventor tendrá las más amplias facultades para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político que no haya alcanzado el porcentaje mínimo de votación… No podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político”, indica la legislación.
Marco Antonio Baños, ex consejero electoral del INE, explica que el interventor toma bajo su control todo el patrimonio y recursos a nombre del partido para liquidar primero a sus trabajadores y luego pagar sus obligaciones fiscales y adeudos a proveedores y acreedores.
“Si el partido tiene un edificio, vehículos, escritorios, computadoras y tiene cuentas bancarias que sirven para manejar los recursos del partido, pues todo entra en el proceso de liquidación”, detalla el abogado, “y una vez que sea cubierto todo eso, si todavía queda dinero, se va al erario público; no se le queda al INE y no se traslada a otro partido político”.
Los bienes que apenas logró mantener
El artículo 95 de la la LGPP también permite a un partido nacional que pierde su registro optar por conseguir autorización para convertirse en un partido local en los estados donde haya obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación en los últimos comicios para elegir gobernador, diputaciones locales o presidencias municipales.
Para fortuna del PRD, en las elecciones de junio pasado logró superar ese umbral en Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. En esas 13 entidades podrá retener sus prerrogativas locales así como su patrimonio.
De hecho, no pasó mucho tiempo desde que el INE formalizó la pérdida de su registro nacional (19 de septiembre) para que comenzara a conseguir su registro como partido local. El 21 de octubre, el 'Sol Azteca' lo logró en la Ciudad de México; tres días antes lo hizo en el Estado de México, aunque en esa entidad el órgano electoral podría dar marcha atrás por divisiones entre dos corrientes perredistas que se disputan la dirección.
Según la información del Sipot, la dirigencia del PRD en la Ciudad de México cuenta con 15 propiedades que suman 6.1 millones de pesos y la del Estado de México tiene siete que ascienden a 54.5 millones.
En Zacatecas hay ocho edificaciones por más de 1.2 millones y en Baja California Sur hay otra de 3 millones. La dirigencia de Guerrero también cuenta con tres inmuebles cuyo valor no transparenta.
El partido de izquierda tampoco reporta información del resto de las entidades, pero de lo que sí es público se desprende que serían al menos 34 propiedades las que mantendría el 'Sol Azteca' bajo el control de sus dirigencias estatales.
La propiedad más costosa de este conjunto es la sede estatal del PRD en el Estado de México, ubicada en avenida Paseo Tollocan 911, en Toluca, con valor de 46.5 millones de pesos. Le sigue otro inmueble, también en la capital mexiquense (avenida Miguel Hidalgo 1015), de 3.1 millones de pesos, y después la oficina del Comité Ejecutivo Estatal de Baja California Sur, con domicilio en Félix Ortega 8, en La Paz, con valor de 3 millones.
Jesús Zambrano, último dirigente nacional del PRD, ha externado que buscarán que la sede histórica de Monterrey 50 siga siendo propiedad del partido amarillo en la Ciudad de México, ya que no se compró con recursos del INE, sino con las aportaciones de militantes de los extintos Partido Comunista Mexicano (PCM) y Partido Socialista Unificado de México (PSUM).
Sin embargo, Marco Antonio Baños considera que, a reserva de que se revise a detalle su situación jurídica, si el edificio estaba a nombre de la Dirección Nacional Ejecutiva, tendrá el mismo destino que el resto de los inmuebles sometidos a liquidación.
“Si el PRD tiene un edificio para el Comité Ejecutivo Estatal, pues se mantiene con ese comité para que ellos puedan continuar el proceso de conversión a un partido de carácter local, pero si está a nombre del Comité Directivo Nacional, pues evidentemente es propiedad de cobertura nacional o federal que tiene que ser sometida a la liquidación, y esos bienes pasan a manos del liquidador”, comentó.
Fact checking: JRH
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