PRD pide a Congreso prohibir terapias de conversión

La Dirección de Diversidad del PRD exhortó al Congreso a prohibir las terapias de conversión, al argumentar que las orientaciones sexuales e identidades de género no son una enfermedad.

Daniel Santos, director de Diversidad Sexual del PRD. Foto: Kevin Recio.
Kevin Recio
Monterrey /

Al detectar tres lugares en Monterrey en donde realizan terapias de conversión para personas transexuales, gays o lesbianas, presuntamente fusionados con la Iglesia Católica, la Dirección de Diversidad del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exhortó al Congreso a prohibir dichas consultas.

Daniel Santos, director de Diversidad Sexual del PRD, dijo que las orientaciones sexuales e identidades de género no son una enfermedad sino parte de la diversidad humana.

“Los esfuerzos deben dirigirse a promover el respeto a todas las personas y así contribuir a la creación de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia.
“Este es un problema grave porque induce a las personas al suicidio y existen casos y constituyen torturas físicas y psicológicas”, alertó.

El exhorto va dirigido a la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas que preside Luis Donaldo Colosio, a que inicie los trabajos para que prohíban las terapias de conversión, conocidas como ECOSIG.

“Se sancione a quienes las promuevan, ofrezcan u obliguen a personas de cualquier edad a someterse a estos tratamientos que atentan contra la dignidad humana y el derecho al libre desarrollo de la personalidad”, refirió.

El PRD se manifestó dispuesto a colaborar en una Mesa de Trabajo para que acudan expertos y realicen una colaboración más amplia.

Desde julio del 2020, las terapias de conversión serán castigadas en Ciudad de México, luego de que el Congreso de la capital aprobara la reforma del artículo 206 bis al Código Penal local para penar los tratamientos.

De igual forma, el Congreso del Estado de México prohibió las terapias que buscan corregir la orientación e identidad sexual de una persona y avaló sanciones de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo comunitario, y de 50 a 200 días multa a quien someta, coaccione u obligue a otro a recibir este tipo de tratamientos.

Con información de MILENIO.

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