El Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso un juicio de inconformidad ante el Instituto Nacional Electoral con el que busca la nulidad del proceso de revocación de mandato, al señalar que hubo intervención de funcionarios públicos como el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el uso de recursos públicos y privados por parte de la organización Que Siga la Democracia.
Alrededor de las 11:00 horas, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, acompañado del representante ante el INE, Ángel Ávila, presentaron dicho recurso, el cual indicaron, responde a dos agravios fundamentales.
Ángel Ávila dijo que, "el primero es la intervención de recursos de procedencia ilícita o, en su caso, recursos públicos, los cuales vimos todos desplegados en la campaña de la organización Que Siga la Democracia, esta organización utilizó recursos públicos y privados para violentar la constitución política, la ley federal de revocación de mandato y por supuesto las resoluciones de la Sala Superior (del Tribunal Electoral) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es una causal de nulidad, artículo 41.
"Y el otro caso, la intervención grosera de los funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República, por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, gobernadores y gobernadoras emanados de Morena, presidentes municipales, diputados federales, diputados locales, un sin número de funcionarios públicos que violaron de manera tumultuaria la Constitución, la ley y las resoluciones", explicó.
En este sentido, Jesús Zambrano calificó como una pandilla de delincuentes a funcionarios del gobierno federal porque, dijo, violaron diversas ordenamientos en materia electoral; además, mencionó que el fondo del juicio de inconformidad es que el proceso de revocación de mandato no siente un precedente negativo
"El Presidente, el secretario de Gobernación, el comandante de la Guardia Nacional, altos funcionarios del gobierno federal, gobernadores señalados, los altos dirigentes de Morena son delincuentes electorales todos ellos, actuaron en pandilla, tumultuariamente y deben ser sujetos de la aplicación de la ley que ellos mismos promovieron, la ley para sancionar como delito grave las violaciones a los ordenamientos electorales.
Además, "no queremos que se siente un precedente para los próximos mandatos electorales, no queremos que simple y sencillamente se pueden violar la Constitución y las leyes electorales y ordenamientos diversos y que no haya ninguna consecuencia".
Ángel Ávila añadió que los dos aspectos por los que se interpuso el juicio de inconformidad violan el principio de neutralidad, establecido en el artículo 134 constitucional, así como el principio de equidad en la contienda y reiteró que el juicio de inconformidad busca que "estos abusos e ilegalidades no se repitan en la elección que viene del 2024".
La secretaria general del PRD, Adriana Díaz, sostuvo que el proceso de revocación de mandato está sujeto a las reglas electorales y constitucionales.
“Hay criterios que hemos presentado para que se anule el proceso y no se sigan cometiendo faltas a la Constitución como es la certeza, la equidad, la imparcialidad y la objetividad, nosotros queremos procesos limpios, que haya sanciones para quienes cometan delitos electorales”.
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