Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordene a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar investigaciones hasta que el Congreso de la Unión cree comisiones de investigación son algunas de las acciones a tomar si la consulta popular del 1 de agosto obtiene el 40 por ciento de participación ciudadana y la mayoría avala un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, explicó Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
“La ley dice que el INE informa a la Corte sobre el resultado y si es mayor al 40 por ciento la participación ciudadana, y si la respuesta es positiva, la Corte lo comunicará al poder Legislativo y Ejecutivo para que tomen decisiones y éstas pueden ser múltiples: pedirle a la Fiscalía General de la República que inicie investigaciones, obligar al Congreso de la Unión a promover una reforma que estableciera comisiones de investigación para cada periodo presidencial del pasado y no solo de ex presidentes, sino de los principales funcionarios de cada etapa del pasado.“Y lo importante de estas comisiones de investigación, más allá de que se vaya a procesar a las personas, es que la sociedad sepa cosas que no sabemos”, indicó en entrevista para MILENIO.
La ley que rige la actual consulta popular deja abiertas las alternativas de acciones para cumplir con el mandato que otorgue el resultado, en caso que la mayoría decida por el sí, abundó el jurista.
“La ley secundaria que regula la consulta, y que es la que se va aplicar en este caso, es una ley que deja abierta, puede haber muchas alternativas, mencionamos dos, pero también puede implicar la aprobación de reformas constitucionales, reformas legales, por ejemplo, que prohíban la privatización indiscriminada de recursos naturales, en fin, pueden derivarse en muchas consecuencias, muchas alternativas”, añadió.
Recordó que las acciones pertinentes tomadas por los poderes Ejecutivo y Legislativo para cumplir con la decisión de la ciudadanía respecto a la pregunta de la consulta deben de informarse a la población y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Como es vinculante, si se alcanza el 40 por ciento, tienen que informar formalmente a la Corte y a la ciudadanía, pues qué medidas, soluciones se van a adoptar en cumplimiento al resultado vinculante de la consulta.“Tendrán, no solamente (que informar) que decisiones van a tomar sino tendrán que fundarlas y motivarlas, deberán decir por qué escogieron estas alternativas y no otras”, abundó.
Consulta no es un ejercicio superficial
Sin necesidad de la consulta del 1 de agosto se pueden presentar denuncias contra actores políticos del pasado, reconoce el también ex consejero electoral del entonces Instituto Federal Electoral (ahora INE), “pero la consulta busca, así lo entiendo, darle una gran relevancia social, política al tema de pasado”.
“Lo importante es garantizar el derecho a saber, el derecho a la verdad: ¿qué ocurrió en esos sexenios? ¿Gobernaron realmente esos ex presidentes en beneficio de ciudadanos o alguna élite? Todo eso es muy relevante para curar heridas, perdonarnos entre los mexicanos, reparar el daño cuando sea posible, otorgar garantías de no repetición, y vislumbrar el futuro que podemos proponer o desear.“No es un ejercicio superficial que no vaya a tener consecuencias, tal vez las consecuencias más importantes no sean penales sino las relacionadas a la verdad”, expuso.
¿Los derechos humanos a consulta?
Uno de los argumentos de quienes critican la consulta popular del 1 de agosto es respecto a que los derechos humanos no deben consultarse, ya que en una parte de la pregunta de este ejercicio refiere “a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.
Al respecto, el doctor en derecho por la UNAM explicó que: “lo que no puede someterse a consulta es la regresión en los derechos humanos, por ejemplo, si tenemos el derecho al trabajo que hubiera una consulta para que ya no existiese ese derecho o el derecho a la huelga, pero sí podemos tener consultas progresivas”.
¿Cuál es la pregunta de la consulta popular?
"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?"
¿Y la justicia no se debe consultar?
Otro señalamiento en contra de este ejercicio es sobre que la justicia no debe someterse a consulta, pues en un inicio se buscó preguntar a la ciudadanía si se debería investigar a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó la propuesta formulada por el Ejecutivo Federal para generalizarlo en “actos políticos del pasado”.
El también investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) explicó que muchos temas de la justicia podrían ser materia de consulta, por ejemplo, preguntar a la ciudadanía si están de acuerdo en elegir por voto popular a los ministros de la Corte o revocar el mandato de los togados.
“A lo que seguramente se refieren cuando dicen eso de que los temas de justicia no están sujetos a consulta es a que una sentencia no se pueda someter a una consulta y también haría matices: si es una sentencia para declarar la inconstitucionalidad de una ley tal vez ahí, en tanto que actualmente los ministros de la Corte no son electos por los ciudadanos, y la ley se supone fue aprobada por legisladores que fueron votados por los ciudadanos, a lo mejor una decisión de este tipo sí podría ser sometida a consulta, tal vez una sentencia civil o penal no”.
Democracia electoral, en profunda crisis
El también diputado constituyente de la Ciudad de México aseveró que, a nivel mundial, la democracia representativa, o mejor conocida como electoral, “está en una profunda crisis” porque existe una gran distancia entre el gobernante y gobernado, por lo que en muchos países, incluido América Latina, han introducido mecanismos de democracia participativa.
“Los partidos políticos controlan las instituciones, los espacios públicos y el ciudadano no tiene mecanismos de supervisión, de control, de revocación, de aprobación de decisiones fundamentales”, indicó.
En el caso de México, en 2012, aunque se pudieron regular hasta 2014, se introdujeron tres mecanismos de democracia directa como son consulta ciudadana, candidaturas independientes e iniciativa legislativa ciudadana, explicó Cárdenas.
En el actual gobierno federal, recordó el jurista, se introdujo en la Constitución la revocación de mandato, la cual se aplicará el próximo año para ratificar en el cargo al presidente López Obrador.
“Hay que decir que esos cuatro mecanismos, desgraciadamente, sobre todo la iniciativa legislativa popular o la candidatura independiente, están sometidas a muchos mecanismos, requisitos, no están abierto plenamente a los ciudadanos."En el caso de las consultas, hay muchas materias, establecidas en la constitución, que no son susceptibles de consulta, por ejemplo, la ley electoral, política de seguridad pública, fuerzas armadas, impuestos, presupuestos, es un figura aún restringida, que desde mi punto de vista, debe abrirse más a los ciudadanos y establecerse solamente algunas materias, muy pocas, que no sean susceptibles de consulta, los temas fundamentales del país deben estar abiertos a los ciudadanos para que discutamos y deliberemos”, explicó.
El futuro de la democracia, en México y el mundo, no puede ser solamente la democracia electoral, sino tiene que ser más directa y participativa, indicó el también ex diputado federal.
JLMR