Con la intención de contar con estrategias y políticas públicas para que el área metropolitana deje de ser una de la más contaminada a nivel nacional, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) propuso este miércoles la creación de la Ley de Cambio Climático de Nuevo León.
La diputada panista, Myrna Grimaldo Iracheta, presentó la normativa que consta de un total de 88 artículos y 5 transitorios, y precisó que a nivel federal ya existe una Ley de Cambio Climático, por lo que su propuesta es para que se homologue con algunos cambios adaptados a la situación actual.
La legisladora presentó testimonios en video que confirman un estudio de la Organización Mundial de la Salud que asegura que el área metropolitana de Monterrey es la más contaminada en nuestro país.
“Soy una convencida de que el tema de la contaminación y sus consecuencias finales tienen una causa y por lo tanto efectos que ya estamos padeciendo y viviendo, y que si no se atacan a fondo de manera consciente, responsable con la participación de expertos en la materia y la colaboración de todos los actores sociales con la intención de sumar esfuerzos de todos los sectores que de una u otra forma estamos relacionados con la prevención de la contaminación, fuertes serán las consecuencias”, expresó Myrna Grimaldo.
Grimaldo Iracheta aseguró que solamente Nuevo León y otros cuatro estados del país no cuentan con una ley similar.
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En la normativa se propone una partida presupuestal para atender de fondo el cambio climático, la creación de una comisión inter secretarial y la creación de un sistema y estrategia estatal para prevenir y resolver esta problemática.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Medio Ambiente para su estudio y posterior dictamen.
Pide atender bullying
Por otra parte, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Karina Barrón, presentó un exhorto, que se votó por unanimidad, para que el Gobierno del Estado y las instituciones educativas establezcan indicadores y protocolos para atender el bullying desde el momento en que ocurre.
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Expresó que su petición surge porque el combate al acoso escolar continúa siendo un tema pendiente en el estado, porque a la fecha, a pesar de la existencia de una ley en la materia, el acoso escolar continúa ocurriendo con la complacencia de las autoridades, maestros e instituciones educativas.
“Es severamente reprochable la conducta negligente tanto de las escuelas como de su personal docente, ya que es su obligación generar un ambiente escolar adecuado y crear instrumentos de conducta que protejan a los estudiantes contra el abuso y el acoso por parte de otros estudiantes o del personal, y sean omisos, e inclusive permitan dicha violencia, colocando no sólo al menor en una situación de riesgo, sino generando un ambiente inadecuado para todos los alumnos.
“Un centro escolar puede ser responsable ante casos de bullying si es negligente al reaccionar frente a este fenómeno, esto es, si incumple con los deberes que implica prestar un servicio educativo a menores de edad. Los directivos y profesores tienen bajo su cuidado la integridad de los menores. Estos deberes se generan y deben evaluarse a la luz del interés superior del menor y los derechos a la dignidad, integridad, educación y no discriminación”, dijo la diputada.