En medio de protestas de grupos provida, los diputados locales de Morena Susana Araceli Ángeles Quezada, Lisset Marcelino Tovar, Lucero Ambrocio Cruz, Tatiana Tonantzin Ángeles Moreno, Rosalba Calva García, Víctor Osmind Guerrero Trejo y Armando Quintanar Trejo, presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Salud en materia de interrupción legal del embarazo.
La reforma establece que las instituciones públicas de salud del gobierno del estado de Hidalgo deberán proveer el servicio para la interrupción del embarazo de forma gratuita y en condiciones de calidad y salubridad en los supuestos permitidos en el Código Penal y a solicitud de la mujer interesada, quien deberá cubrir los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables, como no haber cumplido más de 12 semanas de gestación, periodo máximo que provee dicha reforma.
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Se deberán atender las solicitudes de interrupción legal del embarazo de las mujeres que así lo soliciten aún cuando cuenten con algún otro servicio de salud público o privado.
En los reclusorios y centros de readaptación social corresponde al gobierno del estado integrar, dirigir y administrar en forma permanente los servicios médicos, incluida la interrupción legal del embarazo.
Las instituciones de salud deberán proporcionar servicios de consejería médica y social con información veraz, oportuna y científica de todas las opciones con que cuentan las mujeres, además de la interrupción legal del embarazo, tales como la adopción o los programas sociales de apoyo, así como las posibles consecuencias en la salud.
En tanto, la reforma señala que las y los médicos a quienes corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y cuyas creencias sean contrarias a tal procedimiento, podrán ser objetores de consciencia y por tal razón excusarse de intervenir en la interrupción legal del embarazo, teniendo la obligación de referir a la mujer con un médico no objetor.
Cuando sea urgente la interrupción legal del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Las instituciones públicas de salud deberán garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia en la materia.
La reforma al Código Penal establece que el aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación y se le impondrá de seis meses a un año de prisión, así como una multa de 10 a 40 Unidades de Medida y Actualización a quien cometa el delito de aborto. Igual pena se aplicará a quien haga abortar a la mujer con pleno consentimiento de ésta.
Con la reforma se disminuye la pena pues actualmente el Código Penal señala que se le impondrá de uno a tres años de prisión y multa de 10 a 40 días.
“La presente iniciativa pretende garantizar a las mujeres de Hidalgo el pleno ejercicio de su derecho a la salud sexual y reproductiva que incluye decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijas e hijos, y que al disponer de este derecho no se le criminalice y persiga”, sostuvo Víctor Osmind Guerrero Trejo.
Mencionó que esta iniciativa tiene ya las observaciones de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y organizaciones sociales.
Agregó que se trabajará en conjunto con la iniciativa para la despenalización del aborto presentada en el mes de marzo y se presentará una sola.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones conjuntas de Seguridad y Justicia y Legislación y Puntos Constitucionales.