La Suprema Corte aceptó someter al Poder Judicial a una reforma integral, al reconocer su presidente, Arturo Zaldívar, que pese a las transformaciones internas no tiene la confianza ciudadana por los casos de nepotismo, corrupción y redes de encubrimiento descubiertas, por lo que acordó con el Senado y el Ejecutivo construir los cambios que estarán listos en enero.
En ese sentido, el gobierno federal dio a conocer el paquete de reformas que enviará al Congreso para tener, por primera vez en los últimos 50 años, un Código Penal Único en todo el país; además de leyes generales sobre tipos penales especiales para prevenir y sancionar los delitos de alto impacto como el secuestro, desaparición forzada de personas, delincuencia organizada, tortura o delitos electorales, entre otros.
Las iniciativas presentadas por el consejero jurídico, Julio Scherer, prevén un sistema homologado de justicia en los estados que deberán operar con procuradurías y fiscalías homologadas, además de que sus policías y las municipales podrán ser llevadas ante la autoridad federal cuando incumplan con sus funciones.
Ante ministros y jueces, senadores y Scherer, el fiscal general Alejandro Gertz aseveró que el problema de la violencia no está en los capos, sino en la gran cantidad de víctimas que tiene al país en crisis, pues este año hay ya 33 millones de delitos cometidos y 31 millones de víctimas no denunciaron, porque no confían en la justicia.
Por ello urgió a tener lista esta reforma en enero, pues “no hay gobernabilidad si no hay justicia, si no hay seguridad” y el país no tendrá un buen futuro.
Al quedar instalada la mesa de revisión del Poder Judicial, el ministro Zaldívar defendió el papel de la SCJN en la construcción democrática, al señalar que ha sido un órgano equilibrador en la vigencia del estado de derecho, pero no ha podido ganarse la plena confianza de la ciudadanía, por los casos de corrupción, nepotismo y redes de encubrimiento, aunque sean casos focalizados.
Pero además, “somos percibidos, a veces injustamente, como un poder lejano, desconectado de la realidad, ajeno a los sufrimientos del pueblo, preocupado solo por administrar sus privilegios y que se escuda en la independencia para no rendir cuentas”.
Mencionó los cambios internos, al admitir que dicha renovación requiere una reforma más amplia para consolidarlos y entregarán su propuesta para fortalecer al Poder Judicial bajo los criterios de autonomía e independencia y pleno respeto a la división de poderes.
El líder morenista en el Senado, Ricardo Monreal, reprochó la ausencia de la SCJN en “casos negros” que generaron impunidad, como las matanzas estudiantiles de 1968 y 1971, los casos ABC, Atenco y Ayotzinapa o los fraudes electorales de 1988 y 2006, al señalar que no hay confianza porque la gente piensa que los jueces trabajan por su propio poder e intereses y por ello la reforma estará lista para enero.
A su vez, Scherer anunció el paquete de reformas que enviará el Ejecutivo, al sostener que se requiere reducir la impunidad, la corrupción y alcanzar la igualdad y la paz social, pero no será posible concretar el cambio de régimen y la transformación de México, sin reforzar la independencia, calidad y el profesionalismo del Poder Judicial.
Informó que las iniciativas son para mejorar el acceso a la justicia, perfeccionar el ordenamiento penal y la impartición de justicia a nivel local y federal, por lo que se darán al Congreso facultades para legislar en materia penal con leyes generales.
Se propondrá un Código Penal Único que será una norma homologada en todo el país que garantice un trato idéntico a las mismas conductas punibles. “Se deja la libre autodeterminación de las entidades federativas, la tipificación de los hechos relacionados con el aborto, la interrupción del embarazo y la eutanasia”.
Además de una ley para homologar con los estados los procedimientos de procuración de justicia, la capacitación de los policías; la obligación de policías, analistas, peritos y demás personal de las procuradurías local y federal de auxiliar al MP.
Los criterios de actuación de los policías y del MP federal y locales; el modelo de organización institucional de las procuradurías y fiscalías locales que incluirá la estructura de las áreas de investigación, análisis, inteligencia y servicios periciales; las características de la investigación de los delitos de delincuencia organizada.
Se creará un Registro Nacional de Carpetas de Investigación y las bases de atracción federal o local de los casos entre el MP. Y se propondrá que las autoridades federales conozcan de los delitos en que incurran los policías locales.
No hay órdenes de aprehensión: FGR
• Trabajadores de Pemex denunciaron penalmente a Carlos Romero Deschamps por “desaparecer” negocios que pertenecían al sindicato de petroleros.
En la denuncia, dos disidentes de este sindicato detallaron que antes de la dirigencia del priista (1993), el STPRM contaba con “ranchos, granjas, hoteles, centros recreativos, tiendas de consumo, bodegas en la central de abastos de Ciudad de México”.
El procurador Alejandro Gertz reveló que existen al menos siete denuncias contra el ex líder sindical petrolero; sin embargo, aclaró que hasta el momento no existen órdenes de aprehensión en su contra.