La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó una reunión de trabajo y análisis con 14 organizaciones de la sociedad civil, representantes de organismos internacionales y la academia, así como autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para dar seguimiento a la implementación del Programa de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en el Sistema Penitenciario Federal.
El comisionado de Prevención y Readaptación Social de la SSPC, José Ángel Ávila Pérez, señaló la importancia de contar con estos espacios para que en todo momento se garanticen los derechos humanos de la población privada de la libertad. El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) presentó el programa y líneas de acción de éste, y a partir de ello se abrió el espacio para que las personas presentes expusieran sus inquietudes, preocupaciones, aportaciones y propuestas.
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Dentro de los distintos planteamientos se expuso la necesidad de una intervención urgente y oportuna para atender el tema de salud, así como la visibilización de manera transversal de grupos de atención prioritaria, fortalecer la comunicación con el exterior, impulsar el trabajo, contar con un plan de actividades al interior de los centros penitenciarios, promover la cultura y educación, establecer mecanismo efectivos de acceso a la información, atención a la salud mental; servicios y seguimiento post penitenciarios, sin olvidar el tema de familiares, defensoría y acceso a la justicia.
La encargada del Despacho de la Tercera Visitaduría General, Hilda Téllez Lino, expuso, desde las quejas recibidas, las conciliaciones y recomendaciones emitidas y los resultados obtenidos a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, así como los retos y áreas de oportunidad que tiene la autoridad penitenciaria para que se garanticen los derechos humanos de este grupo de población.
Al término de la reunión de trabajo se acordó la revisión de indicadores y se mantuvo el compromiso de incorporar a las organizaciones con un mecanismo de participación activa en los espacios de la Comisión Intersecretarial y la CNDH.
LP