El préstamo de 500 millones de pesos que el sindicato petrolero recibió de Pemex para construir casas a sus trabajadores fue uno de los asuntos que se sumó a las irregularidades detectadas durante la gestión de Carlos Romero Deschamps como dirigente del gremio.
- Te recomendamos Sindicato petrolero se niega a aclarar préstamo de 500 mdp Política
MILENIO publicó el 23 de septiembre de este año que el sindicato promovió un amparo para no informar el destino final de estos recursos, los cuales detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde la cuenta pública de 2012, cuando aseguró que no había certeza de que hubieran sido utilizados para beneficiar a sus agremiados.
Tras la publicación, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) aseguró que el préstamo de 500 millones de pesos permitió comprar tres terrenos para construir más de 2 mil viviendas y que ya había sido pagado hasta con intereses en abril de 2015.
En esa ocasión, la ASF instruyó al menos tres investigaciones a la Unidad de Responsabilidades de Pemex, autoridad de control interna, contra servidores públicos que, por acción u omisión, no vigilaron la aplicación de los recursos.
Así concluyó que “el préstamo no garantiza el fortalecimiento de dicha estrategia al no haber un mecanismo claro de supervisión y seguimiento que permita conocer y asegurar que los inmuebles adquiridos, la construcción y adquisición de vivienda, objeto de dicho convenio, sean en beneficio de trabajadores sindicalizados”.
Entre las irregularidades encontradas por la ASF destaca, por ejemplo, que pese a que en el momento de la auditoría ya se había reportado el uso de 436.9 millones de pesos para adquisición de terrenos, no había registros de construcción ni adquisición de vivienda.
Además, que aunque el plazo de pago del préstamo a Pemex se estableció a cinco años a partir de la fecha de la firma del convenio (2011), en otro apartado se especifica que el pago se realizará entre 2016 y 2020, lo que para la Auditoría Superior genera confusión e incertidumbre.
Al respecto, la empresa productiva del Estado argumentó que los cinco años se cuentan a partir de 2016 para no empalmarse con el pago de un préstamo inicial de 800 millones de pesos, realizado en 2005, año en que comenzó la estrategia de vivienda del sindicato, y el cual también se difirió para empezarse a pagar en 2011.
RLO