Uno de los mayores retos para la aprobación de la Ley General contra Feminicidios será garantizar recursos suficientes para aplicar las nuevas disposiciones, dijo Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado.
En entrevista, previo a la firma del convenio de colaboración entre la Comisión de Justicia del Senado y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el legislador señaló que no tendría sentido establecer derechos y obligaciones, si las instituciones responsables carecen de presupuesto para hacerlos efectivos.
"Hasta ahora, el Senado no tiene una fecha definida para dictaminar la iniciativa presidencial debido a que continúa el proceso de diálogo y revisión con organizaciones, colectivos de víctimas, familiares y especialistas".
Sin embargo, Corral consideró que la legislación deberá ser aprobada durante el actual periodo ordinario de sesiones.
El senador de Morena mencionó que, aunque los trabajos legislativos están en marcha, por ahora no existe una fecha inmediata para llevar el proyecto a dictamen, pues la Comisión busca agotar las distintas etapas de consulta antes de tomar una decisión.
“Lo que queremos es agotar el proceso de diálogo”, señaló Corral.
Entre los principales puntos que siguen bajo análisis se encuentra la definición de feminicidio, particularmente la forma en que deberá contemplar los distintos supuestos relacionados con género y sexo.
El legislador reconoció que existe una discusión sobre la inclusión de mujeres trans y sostuvo que se busca una redacción que permita ampliar la protección sin invisibilizar a las mujeres.
También se revisan propuestas para establecer responsabilidades específicas contra servidores públicos que alteren, retrasen, distorsionen o afecten investigaciones relacionadas con feminicidios.
¿Qué plantea la propuesta de ley vs feminicidios?
La iniciativa plantea una homologación nacional de la definición del delito, sanciones, protocolos y procedimientos de investigación, además de establecer mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
En materia de sanciones, explicó que el proyecto contempla hasta 70 años de prisión por feminicidio, mientras que determinadas agravantes podrían elevar la pena por encima de los 100 años.
No obstante, consideró que la eficacia de la legislación dependerá principalmente de contar con protocolos y mecanismos adecuados de investigación.
Otro de los planteamientos es que las muertes violentas de mujeres sean investigadas inicialmente como feminicidio, para posteriormente determinar, con base en las investigaciones, si corresponde descartar esa clasificación.
IYC