En la víspera del arranque del año electoral, Nuevo León formalizó la creación de su propia Unidad de Inteligencia Financiera, órgano similar al que encabeza a nivel nacional Santiago Nieto y que se ha encargado de fiscalizar actos de corrupción de políticos.
Mediante un decreto publicado ayer y que entró en vigor a partir de este sábado, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón ordena la reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, para dar paso al nacimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica.
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Entre sus facultades, destacan la de investigar a cualquier persona que, a juicio de la Unidad, presente un incremento económico que no pueda justificar.
"Generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial para la investigación de hechos presumiblemente ilícitos que produzcan en las personas un beneficio o incremento económico injustificable", señala el documento.
También se advierte que la investigación podrá iniciar de oficio o en razón de la información que proporcionen las autoridades estatales cuando tengan conocimiento de alguna anomalía financiera.
Una vez que se tenga la certeza en un caso, la Unidad de Inteligencia Financiera presentará ante el Ministerio Público denuncias o querellas, aportando los elementos de prueba con los que cuente y, en su caso, podrá coadyuvar con dicha autoridad en la investigación.
Por otra parte, el decreto también señala que la UIF podrá actuar contra servidores públicos que incurran en algún delito de esta naturaleza.
"Informar a la unidad administrativa competente de la Secretaría, de los hechos que conozca con motivo del ejercicio de sus atribuciones, que puedan constituir posibles delitos u omisiones fiscales y posibles delitos u omisiones de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones", menciona.
Podrá además acopiar información para prevenir y combatir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y hacer lo propio en materia de comercio electrónico para detectar conductas que pudieran favorecer la comisión de delitos informáticos y/o relacionados con el acceso ilegal a sistemas y equipos de informática.
No obstante la revelancia de sus funciones, el decreto autoriza a que todas las reuniones, actas, documentos e información generadas por la UIF sean de carácter reservado y confidencial.