Diputados locales cuestionaron que se solicitara una orden de aprehensión en contra del socio de Ernesto Canales Santos por el presunto fraude a Paula Cusi, pero no así para el ahora subprocurador Anticorrupción, aunque también estuvo involucrado en el caso.
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El legislador priista Gabriel Tláloc Cantú Cantú acusó que la administración estatal recurrió al manejo de influencias con las autoridades federales para evitar que se pidiera la detención de Canales Santos.
"Lo que me dicen los abogados del Distrito Federal es que hubo influencias de parte del Gobierno del Estado de Nuevo León para influir (sic) con el Gobierno y la Procuraduría de la Ciudad de México para excluir al fiscal Anticorrupción, Ernesto Canales", aseguró.
Explicó que el abogado consignado solamente tenía poder para la representación jurídica; mientras que Canales Santos manejaba las actas administrativas.
"Ellos se quejan de que el estado de derecho, la procuración de justicia en la Ciudad de México, está violentada, que no está apegada a derecho y que se nota realmente que hubo un apoyo muy marcado para deslindar en el proyecto de consignación al fiscal Anticorrupción de Nuevo León", declaró.
Asimismo, el diputado dijo haber sido víctima de amenazas recientemente, por sus cuestionamientos al fiscal Anticorrupción; no obstante, descartó por el momento presentar una denuncia.
Marco Antonio González Valdez, coordinador de la bancada del PRI, coincidió en que es sospechoso que no exista una orden de aprehensión en contra de Ernesto Canales.
En tanto, el líder de la fracción del PAN, José Arturo Salinas Garza, aseguró que esta situación puede ser la antesala para la posible detención del subprocurador Anticorrupción.
KDSC