Dos días después que se dio a conocer la detención de Karina Barrón Perales, funcionaria del municipio de Monterrey, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel nacional emitió un comunicado de prensa en el que denunció una persecución política directa contra su militante, y acusó a los gobiernos de MORENA y Movimiento Ciudadano de utilizar instituciones públicas para debilitar a la oposición, rumbo al proceso electoral de 2027.
En el texto, el tricolor aseguró que en Nuevo León existe una actuación “coordinada” entre ambas fuerzas políticas para presionar, desacreditar e intimidar a la ex legisladora, quien actualmente enfrenta la medida cautelar de prisión preventiva dentro del proceso judicial.
El PRI sostuvo que la presunción de inocencia es un derecho constitucional, y subrayó que la medida cautelar impuesta no representa una sentencia.
También acusó filtraciones y una narrativa mediática impulsada “desde el poder” con la intención de dañar políticamente antes de que exista una resolución judicial.
"En Nuevo León están actuando coordinadamente para presionar, desacreditar y tratar de intimidar a una mujer que ha sido firme frente a los abusos del gobierno. Esta alianza entre MORENA y Movimiento Ciudadano exhibe cómo están dispuestos a usar el aparato del Estado para debilitar a la oposición y concentrar poder.
“Karina ha señalado errores del poder, ha denunciado excesos y no ha guardado silencio. Hoy intentan convertir un proceso judicial en arma política. La presunción de inocencia es un derecho constitucional. La medida cautelar que enfrenta no es una sentencia. Las filtraciones, el golpeteo mediático y la narrativa construida desde el poder revelan una intención clara de dañar antes de que exista resolución judicial", dice.
En el posicionamiento emitido a nombre del partido, sin firma de algún representante, afirmó que el caso representa un riesgo para la división de poderes y la legalidad democrática, al considerar que se estaría utilizando el aparato del Estado como herramienta de intimidación política.
Además se advierte que el caso será llevado ante la Cámara de Diputados y el Senado, así como a instancias nacionales e internacionales.
Las declaraciones del PRI se producen en un escenario de creciente confrontación política en Nuevo León, donde Movimiento Ciudadano gobierna la entidad y Morena mantiene presencia relevante a nivel federal.
De cara a 2027, las tensiones entre fuerzas políticas han escalado en distintos frentes, incluidos procesos administrativos y judiciales contra figuras públicas.