Luego de que la Suprema Corte congeló la Ley de Remuneraciones de Servidores, senadores del PRI señalaron que están a favor de las medidas de austeridad y de acabar con los privilegios. Pero que ello no se debe usar como pretexto para que el Ejecutivo pretenda violar la división de poderes y situarse por encima del Judicial.
“Con esta decisión, el máximo tribunal del país confirma que los argumentos, cuando son apegados a derecho, son más fuertes que cualquier mayoría legislativa”, destacó.
No obstante, el presidente del Senado, Martí Batres afirmó que se seguirán haciendo reformas para disminuir los sueldos de los altos mandos “y elevar los sueldos de los de abajo”.
En tanto, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Alta, partido promotor de la norma, calificó como “inverosímil” la decisión de la Corte, pues dijo que “la fuerza jurisdiccional y política se resiste a la austeridad”.
“No les importa la condición del país, ni la emergencia nacional. Elaboran acciones de inconstitucional, manipulan, presionan, conceden la suspensión y mantienen sus privilegios. Una farsa”, destacó en redes sociales.
Mientras que en un comunicado, la fracción del PRI que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong indicó que la acción de inconstitucionalidad no está motivada por el tema salarial, sino por la necesidad de preservar la autonomía de cada poder, lo cual es indispensable para la democracia.
Destacó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también promovió una acción de inconstitucionalidad contra esta ley, por considerar que viola la Constitución.
Mientras que el PAN recordó que 55 senadores de distintos partidos presentaron la acción de inconstitucionalidad, para salvaguardar la carta magna en lo que respecta a la división de poderes y proteger el pacto federal, en lo relativo a la soberanía estatal.
“La Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos transgrede los principios constitucionales de división de poderes, tanto en la autonomía presupuestaria, como en la independencia del Poder Judicial de la Federación y la soberanía de las entidades federativas”, indicó el coordinador del grupo parlamentario, Rafael Moreno Valle.
Además, sostuvo que dicha ley quebranta el Pacto Federal y la seguridad jurídica de los gobernados, violenta la autonomía e independencia del Poder Judicial, la Soberanía de las Entidades Federativas y atenta contra principios básicos de derecho penal.
bgpa