Busca PRI evitar violencia psicoemocional contra adultos mayores

La diputada Alhinna Vargas indicó que la iniciativa pretende proteger a las personas de la tercera edad para que no sean víctimas de insultos, humillaciones, chantajes, entre otras acciones que afectan su autoestima.

La diputada del PRI, Alhinna Vargas García. Foto: Especial.
Kevin Recio
Monterrey /

A fin de que los adultos mayores no sean víctimas de insultos, chantajes, humillaciones, y comparaciones que provoquen alteraciones en su autoestima, la diputada del PRI, Alhinna Vargas García, presentó hoy una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para incluir el concepto de “violencia psicoemocional”.

En conferencia de prensa, la priista dijo que la iniciativa fue presentada por la condición de vulnerabilidad en la que viven las personas de la tercera edad, por lo que urgió a revisar las leyes y políticas públicas destinadas a salvaguardar los derechos humanos de las personas adultas mayores.

“Un tipo de violencia específica que aqueja cotidianamente a las personas adultas mayores es la violencia psicoemocional, concepto que tiene particularidades que lo hacen más amplio al de violencia psicológica, ya que aborda también los aspectos emocionales de las personas como lo son: las prohibiciones, coacciones, insultos, condicionamientos, chantajes, humillaciones, y comparaciones que provocan alteraciones en su autoestima.
“De esta forma, es que resulta necesario incorporar el tipo de violencia psicoemocional, en la ey que protege los derechos de las personas adultas mayores, lo que permitirá visibilizar la problemática que existe principalmente en las familias”, refirió Vargas.

El concepto de violencia psicoemocional, añadió, ya se encuentra vigente, en el Código Penal del Estado, dentro del delito de violencia familiar, por lo que también se armonizaría dicho concepto para que la protección de las personas adultas mayores sea más amplia y efectiva.

La reforma contempla modificaciones a los artículos 3 y 3 bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado.

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