La diputada local del PRI, Jessica Martínez, presentó este martes una iniciativa de reforma al Código Penal para establecer como delito las prácticas de inseminación artificial no consentida.
Martínez dijo que se busca salvaguardar los derechos y la autonomía de las personas donantes de material genético humano, garantizar el consentimiento en las técnicas de reproducción asistida y la prevención de cualquier forma de violencia en este proceso, con especial atención a la protección de personas menores de 18 años y aquellas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.
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Se contempla establecer penas de privación de la libertad desde 3 a 8 años, multas, así como la inhabilitación para ejercer una profesión o un cargo en el servicio público.
Consideró que dichos actos transgreden los principios constitucionales de que toda persona tiene el derecho de decidir, de manera informada, sobre el número de hijas o hijos que desea tener.
“Es necesaria una adecuación a nuestro código penal para así coadyuvar a que en la práctica no se realicen acciones que están en contra de la voluntad de las personas gestantes, ya que, por desgracia, en la mayoría de los casos, esas prácticas se efectúan con una falta de ética de las y los profesionistas de la salud, por personas que no sean efectivamente profesionales de la medicina o sus correlacionados”, apuntó.
Actualmente son 18 entidades federativas en donde ya existen penas para quien efectúe una inseminación sin el consentimiento de la persona gestante. La reforma contempla modificar los artículos 271 Bis 5,6, 7, 8 y 9 del Código Penal Estatal.
Urge MC a reforzar campañas contra adicciones en grupos vulnerables
La diputada local de Movimiento Ciudadano, Guadalupe Guidi, presentó una iniciativa para modificar la Ley Estatal de Salud en materia de fomento de prevención de adicciones en comunidades vulnerables.
Guidi detalló que con la iniciativa se busca establecer un marco jurídico sólido y efectivo para promover la prevención de adicciones en grupos y comunidades vulnerables en la entidad, a través de la colaboración institucional, la implementación de programas integrales y la asignación adecuada de recursos.
“Buscamos mejorar el bienestar de las personas y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en los ámbitos económico, social y psicológico”, dijo la legisladora de MC.
“Es crucial actuar con determinación y compromiso para abordar esta problemática, dado que nuestra responsabilidad como legisladores es garantizar un entorno propicio para el desarrollo integral de todos los ciudadanos, sin dejar a nadie atrás”.