El representante del PRI en el INE, el diputado Hiram Hernández, fracasó en su intento por frenar la votación de la investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización que propone imponerle una multa al partido por 97.9 millones de pesos, tras acreditar que se beneficiaron de desvíos de recursos públicos del gobierno de César Duarte en Chihuahua para las campañas del 2015.
El principal argumento del priista, es que la autoridad electoral está tomando en consideración las declaraciones de Mauli Romero, secretario de Finanzas del PRI en Chihuahua, a pesar de que existe una investigación penal en contra del fiscal estatal, quien a través de actos de tortura, lo habría obligado a declararse culpable de varios delitos.
“Fue este ex fiscal, preso por tortura, el que se encargó de integrar el expediente en contra del secretario del PRI de Finanzas, por presuntamente recibir aportaciones económicas provenientes del gobierno estatal, y ese expediente fue tomado por la Unidad Técnica de fiscalización, es evidente que el secretario de Finanzas fue sometido a tortura para que se declarara culpable de ese delito”.
Pero además, expuso como segundo argumento para posponer la votación, el que el expediente se analizara con los mismo parámetros con que se concluyó el caso de las retenciones ilegales de Delfina Gómez en Texcoco, para beneficiar a Morena.
“Este consejo General ya analizó un caso similar que es el de Texcoco y determinó que las retenciones ilegales se transformaron en efectivo que se entregaron a otras personas físicas y morales, que a la postre, se comprobó que habían sido proveedores de Morena, por eso pedimos que se retire.
“Que indague con el mismo criterio que lo hizo en Texcoco, puesto que hasta el día de hoy, no está acreditado que Mauli (Romero) hubiera entregado el presunto dinero al partido. Este proceso caduca en noviembre, hay tiempo suficiente de que hagamos lo correcto”.
El diputado priista, Marco Mendoza, representante del Poder Legislativo ante el INE, señaló que si la investigación de tortura concluye que el secretario de finanzas del PRI es inocente, el instituto generará un mal precedente.
Además, de que alegó que “los actos de corrupción cometidos por servidores públicos, no necesariamente vinculan a los institutos políticos”.
Sin embargo, sólo la consejera Adriana Favela respaldó la petición de los priistas, mientras el resto de los consejeros consideraron que aunque prevaleciera la presunción de inocencia, esto no llevaría a una resolución diferente, pues en la investigación está acreditado que hubo desvío de recursos públicos desde el gobierno estatal priista y que terminaron en el partido político.