PRI plantea que procesados no pierdan sus derechos ciudadanos

La bancada del PRI en el Congreso local presentará una iniciativa de reforma a la Constitución federal para eliminar la suspensión de derechos ciudadanos cuando una persona esté llevando un proceso criminal.

El diputado del PRI, Álvaro Ibarra. Foto: Jorge López/Archivo.
Eduardo Mendieta
Monterrey /

Para que las personas que se encuentran bajo un proceso legal no pierdan sus derechos ciudadanos hasta que haya una sentencia judicial, el grupo legislativo del PRI en el Congreso local presentará una iniciativa de reforma a la Constitución Política federal.

El diputado local priista, Álvaro Ibarra Hinojosa, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, pretende reforzar el principio de “presunción de inocencia”.

La iniciativa busca modificar el Artículo 38 con la eliminación de la Fracción II que ordena la suspensión de derechos y prerrogativas del ciudadano cuando éste se encuentre sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal.

“Actualmente se establece que una persona vinculada a un proceso penal sin una sentencia condenatoria pierde sus derechos de votar, ser votado, asociarse, hacer uso del derecho de petición, trabajar en el servicio público, iniciar leyes y votar en las consultas populares.
“Sin embargo, esta situación viola los derechos humanos consagrados en la misma Constitución federal”, señaló el legislador local.

Ibarra Hinojosa precisó que el Artículo 38 federal no ha sido reformado desde que la Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917, por lo que no refleja la evolución que ha tenido el país en materia de derechos humanos y del nuevo Sistema de Justicia Penal.

“Existe una grave contradicción en la Constitución federal: por una parte, señala el principio de presunción de inocencia y, por otro lado, coarta los derechos ciudadanos cuando un individuo enfrenta un proceso penal, en el cual, por encontrarse en curso, no se ha emitido sentencia”, comentó.

Pero, precisó que, en el caso de Nuevo León, la Constitución local sí establece que la pérdida de derechos ocurre cuando ya se ha causado ejecutoria.

“Como legisladores tenemos la obligación de velar por los derechos de los ciudadanos y modificar aquellos que los transgreden, por lo que estoy seguro que la reforma será aprobada a nivel federal y con ello habrá de prevalecer el principio de presunción de inocencia y el irrestricto respecto a los derechos humanos”, dijo Ibarra Hinojosa.

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