Con el fin de garantizar los derechos a las personas que son víctimas de delitos, el diputado del PRI, Javier Caballero Gaona, presentó hoy una reforma a la Ley Estatal de Víctimas para que se contemple la perspectiva de género, brindar asesoría jurídica, establecer un fondo y capacitación, acorde con los lineamientos de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
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Luego de haber presentado la propuesta en la Oficialía de Partes del Congreso, el priista, acompañado del coordinador Heriberto Treviño e integrantes de la bancada, enfatizó que los cambios a la Ley Estatal de Víctimas forman parte de la Agenda Temática del PRI, por lo que se espera presenten otras reformas en semanas próximas.
“Dados los avances jurídicos y jurisprudenciales en materia de perspectiva de género, resulta necesario agregar en la Ley Estatal el concepto de perspectiva de género e igualdad de género, en términos contenidos en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
“Es necesario ver más por las víctimas, por eso la reforma busca fortalecer el Fondo para la Atención a Víctimas, dándole mayor claridad a la legislación respecto de los recursos que podrían integrar el fondo, con progresividad”, manifestó.
De acuerdo con datos expuestos en la rueda de prensa, el priista dijo que para el 2020 el fondo tiene asignados 27 millones de pesos.
Caballero Gaona indicó que han pasado más de 10 años desde la creación de la Ley de Víctimas, por lo que es necesario actualizar la norma para responder a los requerimientos actuales de las víctimas en Nuevo León.
“Se busca asegurar la profesionalización del personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), en materia de derechos humanos de las víctimas. Además, los acuerdos compensatorios que se lleguen a dictar al momento de aplicar la Ley Estatal de Víctimas responderán a los diversos estándares internacionales en la materia”, destacó.
La asesoría jurídica estatal de la CEEAV, dijo, es un engranaje central en el Sistema Estatal de Víctimas, por lo que mediante esta reforma se cubre un gran vacío legal al respecto.
La reforma también pretende instrumentar las funciones de dos órganos principales que son: el Comité Interdisciplinario Evaluador y la Unidad Administrativa de la Asesoría Jurídica Estatal.
“Estas modificaciones resultan esenciales para garantizar los derechos de las víctimas, sobre todo el derecho a una reparación expedita y justa de los daños que sufrieron como consecuencia de las violaciones a sus derechos”, finalizó.