Debido a que actualmente el Estado es quien evalúa la efectividad de sus propios programas sociales, la bancada del PRI en el Congreso local, propondrá la creación de un órgano externo, autónomo y ciudadano con facultades para evaluar estos programas.
Este órgano, denominado Consejo Estatal de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, tendría la facultad de medir las metas, los indicadores, la aplicación y las acciones de los programas estatales, informó el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa mediante un comunicado.
- Te recomendamos “Para tener una banda de rock debes ser muy romántico”: Joselo Rangel, músico y escritor Comunidad
“Actualmente quien evalúa los programas plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo es el propio Gobierno. El ser juez y parte no es saludable en ningún ámbito, mucho menos en acciones de gobierno que tienen un impacto directo al ciudadano. Con la reforma que se promueve se elimina esta atribución ejecutiva.
“La reforma que se propone tiene varias aristas: una de ellas es que la evaluación de los programas del Estado sea realizada por un ‘tercero’, es decir, por un órgano constitucionalmente autónomo, que estará integrado por ciudadanos reconocidos por su experiencia académica y social”, apuntó.
Los integrantes del Consejo deberán acreditar no pertenecer a algún partido político para garantizar la imparcialidad de sus evaluaciones y recomendaciones.
El legislador explicó que a nivel federal existe el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), por lo que la idea es replicarlo a nivel local, aunque con mayor autonomía.
Ibarra recordó que esta iniciativa también surge debido a que desde el 2017, el Coneval emitió una recomendación a Nuevo León, para que estableciera un ente con independencia jurídica para la evaluación de la política social-estatal.
La bancada presentaría una iniciativa de reforma a la Constitución Política local y, posteriormente, se expediría una Ley para el Consejo Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
En la ley se detallaría el procedimiento de la elección y operación del Consejo, y la obligación de sus miembros de comparecer anualmente ante el Congreso.
En el comunicado no se detalló de cuántos miembros estaría conformado el Consejo o si requeriría de algún presupuesto estimado para su operación.