La minoría en el Senado de la República interpuso en la Suprema Corte de Justicia la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, porque argumentaron que violenta la división de poderes, motivo por el cual pidieron que se les conceda la suspensión.
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En las próximas horas, un ministro de la Corte determinará si admite a trámite la acción de inconstitucionalidad, y en caso de otorgar la suspensión solicitada, dicha ley quedará congelada y no podrá aplicarse hasta en tanto el Alto Tribunal resuelve el fondo del asunto.
Esta es la segunda acción de inconstitucionalidad que llega al máximo tribunal de justicia del país contra dicho estatuto, ya que en días pasados lo mismo hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La ley también ha sido impugnada por jueces y magistrados federales por la vía del amparo, mientras que otros juzgadores se han declarado impedidos para conocer el caso, porque también buscan ampararse.
La acción de la inconstitucionalidad presentada hoy por la minoría en el Senado, está firmada por Miguel Ángel Osorio Chong, Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Mancera y Dante Delgado Ranauro, líderes de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, respectivamente.
También está signada por el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, ex titular de la Comisión de Derechos Humanos en el entonces Distrito Federal.
Los priistas se pronuncian a favor de acabar con los privilegios y gastos excesivos donde los haya, pero consideran que esto no debe servir de pretexto para que el Ejecutivo se quiera situar por encima de los otros Poderes y no debe lesionar los derechos humanos ni los laborales de las y los trabajadores.
La acción de inconstitucionalidad fue suscrita por senadores de otras fuerzas políticas, por lo que cumple con el requisito del 33 por ciento de legisladores requerido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de que fue presentado en tiempo y forma, por lo tanto es procedente ante el Tribunal Constitucional.
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“No será nunca con actitudes autoritarias ni con decisiones de mayoriteo, -como la aprobación de la ley federal en cuestión-, la forma en que podrá lograrse el desarrollo profesional y personal de las y los trabajadores quienes, con sus familias, aspiran a mejores estadíos de bienestar”.
VJCM