La Sala Superior del Tribunal Electoral ya recibió seis juicios en contra de los cambios a los estatutos del PRI que permitirán la reelección de Alejandro Moreno, y fueron turnado al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón quien determinará cuáles deberán turnarse al INE.
A partir de este lunes, el magistrado Rodríguez Mondragón iniciará el análisis y estudio de los seis expedientes para elaborar un proyecto que podría hacer público esta misma semana, para aprobarse en la sesión pública del miércoles de la próxima semana.
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En el caso de las solicitudes que van directamente en contra de los estatutos por alegar su ilegalidad, tal como sucedió en las impugnaciones del 2023 cuando hicieron cambios exprés para alargar su dirigencia un año extra, deberán turnarse al Instituto Nacional Electoral pues es el Consejo General del INE el que primero deberá aprobar si son válidos o no, y después esa decisión podrá impugnarse en definitiva ante la Sala Superior.
El primer paso es que el PRI notifique al INE todos los cambios para que la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos analice si fueron o no válidos, proponga un proyecto a la Comisión y la decisión de ésta, pasará al Consejo General para su votación final.
En el 2023, la Comisión determinó que los cambios estatutarios que permitirán a Alejandro Moreno mantenerse un año más en la dirigencia, no respetaron el proceso por lo que los declararon inválidos.
Sin embargo, la Sala Superior revirtió esta decisión sólo en cuanto a la prórroga de la dirigencia, para no generar complicaciones a los partidos en medio de sus preparativos para el proceso electoral federal, con la advertencia de que la prórroga de un año no podría implicar una reelección ni una permanencia indefinida en el cargo.
Ex dirigentes del PRI que impulsan estos juicios, son los mismos que buscaron anularlos el año pasado y repiten prácticamente los mismos argumentos, como la celeridad con que se compartieron, que no permitieron su estudio ni su réplica, que fueron exprés y que se acordaron con el Consejo Político afín al propio Alejandro Moreno.
El magistrado Rodríguez Mondragón resolverá si la Sala Superior puede frenar provisionalmente la convocatoria mientras el INE resuelve de fondo, o si el PRI puede continuar a la par de que la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos estudia los cambios.
¿Qué alegan los priistas que acudieron al TEPJF?
En los seis Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) presentados ante la Sala Superior, ex dirigentes del PRI y militantes, exigen lo mismo por dos vías: por un lado, la invalidez de los cambios a los estatutos y por el otro, frenar la convocatoria para renovar a la dirigencia nacional y a la secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional.
Dulce María Sauri Riancho y Enrique Ochoa fueron los primeros en buscar la impugnación de estos cambios por lo que impugnan la XXIV Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional celebrada el 7 de julio del presente año, se reclama la aprobación de las modificaciones al Estatuto, al Programa de Acción, la Declaración de Principios y el Código de Ética.
El que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI validara la Convocatoria y el Reglamento emitidos para la realización de la referida Asamblea Nacional Ordinaria; y que el Consejo Político Nacional aprobara el Acta de la LXIX sesión extraordinaria por el que aprobó la celebración de la XXIV Asamblea Nacional Ordinaria y autorizó al CEN emitir la convocatoria.
Similar a esta impugnación, son las de Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, ex vocero presidencial en el sexenio de Ernesto Zedillo, y Omar Jalil Flores Majul, ex presidente municipal de Taxco, Guerrero, quienes plantean prácticamente las mismas quejas.
Las militantes Irma Lascano Ledezma, Susuky Estephani Mendoza Garatachia, se enfocan en impugnar concretamente la convocatoria para la elección de las personas titulares de la presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional para concluir el periodo estatutario 2024-2028 del Partido Revolucionario Institucional.
A lo que se sumaron en una segunda impugnación los ex dirigentes priistas Emilio Ochoa Reza, Pedro Joaquín Coldwell, quienes se enfocan en la convocatoria y el maual de organización el proceso interno.
Piden que se anule “el acuerdo por el que se aprueban los formatos para que las fórmulas de aspirantes que participarán en el proceso interno ordinario de elección de las personas titulares de la presidencia y secretaría general del CEN del PRI estén en condiciones de acreditar el cumplimiento de sus requisitos y, el reconocimiento de las y los coordinadores nacionales de los sectores y organizaciones del CEN, a las y los presidentes delos Comités Directivos Estatales, así como a las y los consejeros políticos nacionales legitimados para suscribir los correspondientes apoyos.
“Así como del Consejo Político Nacional del PRI, el acuerdo por el que se determina el método electivo para la renovación ordinaria de las personas titulares de la presidencia y la secretaría general del CEN”.
Mientras que, el priista José Fernando Peña Garavito pide concretamente revisar el método de elección, el tope de gasto de campaña para el citado proceso interno, así como la autorización a la Comisión Nacional de Procesos Internos para la emisión de la convocatoria correspondiente y la convocatoria para el proceso interno ordinario.
El magistrado Rodríguez Mondragón determinará qué puede resolver la Sala Superior directamente previo a que el INE apruebe o no la validez, y qué debe remitirse directamente a la autoridad electoral administrativa para su estudio inicial, antes de que la Sala Superior se pronuncie.
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