La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promoverá una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del decreto de la reforma que en materia de justicia aprobó días atrás el Senado en la que se amplían los delitos que tendrán prisión preventiva oficiosa.
“Que sea nuestro máximo Tribunal Constitucional quien resuelva sobre la inconvencionalidad del mismo”, señaló un pronunciamiento de la CNDH.
De inicio, la defensoría nacional lamentó las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y otras ocho leyes.
En su pronunciamiento, la CNDH argumentó que “dicha reforma amplía, en la legislación secundaria, la prisión preventiva oficiosa para los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación” y más.
Precisó que “no está en contra de la prisión preventiva justificada, que se aplica como último recurso, de manera excepcional, esto es, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima”, entre otros.
Pero ello deberá “estar debidamente fundada y motivada para que el juzgador la dicte y garantice los derechos humanos de los involucrados en la investigación penal, esto es que derive de un estricto escrutinio judicial”.
La CNDH anotó que está en contra “de aquella prisión preventiva que se aplica de manera oficiosa, por imperio de la ley, vulnerando con ello, diversos derechos humanos y contraviniendo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la naturaleza propia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio”.
Recordó que este último se basa en el otorgamiento de garantías procesales para las partes”.
En un largo documento, la CNDH precisó que “la prisión preventiva oficiosa transgrede diversos derechos humanos como la libertad personal, de tránsito, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia”.
Además, la prisión preventiva oficiosa “genera escenarios de vulnerabilidad y riesgos de violación de derechos humanos, pues impide que el Ministerio Público cumpla con su obligación de investigar cabalmente caso por caso”.
La prisión preventiva oficiosa “no garantiza que las personas imputadas que sean realmente responsables del delito que se les atribuye, se les dicte sentencia condenatoria y, por el otro, propicia el incremento de que, a personas inocentes, se les restrinja su libertad de manera injusta”.
JLMR