El presidente municipal de Tula de Allende, Manuel Hernandez Badillo, se apegó a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que el juez resuelva su situación legal tras su detención el pasado 14 de agosto luego de ser señalado por el presunto delito de uso ilícito de facultades y atribuciones agravadas.
Sin embargo, el juez de Control, Víctor Hugo Matadamas Barranco, dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por lo que el alcalde se quedará privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de la ciudad de Pachuca.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) en 2021 el presidente municipal presuntamente autorizó a nombre del Ayuntamiento de Tula la adjudicación directa ilícita de por lo menos tres contratos que en suma representan un gasto superior a los 60 millones de pesos.
Dichos contratos, precisó la Procuraduría, se firmaron con la finalidad de adquirir servicios y equipo médico, paquetes alimentarios, servicios de mantenimiento y limpieza de fumigación domiciliaria para evitar la proliferación de la larva mosco culex así como por el control mecánico del lirio acuático, lo anterior para atender las consecuencias de la inundación.
Uso ilícito de atribuciones en Hidalgo
El Código Penal para el Estado de Hidalgo establece que comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades y se impondrá de uno a ocho años de prisión y multa de 50 a 250 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al servidor público que ilícitamente Otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico.
Audiencia inicial de Manuel Hernández
Tras su detención el 14 de agosto por agentes de la policía investigadora de la Procuraduría e ingresado al Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Pachuca, este martes, minutos después de las ocho de la mañana, comenzó la audiencia inicial del presidente municipal de Tula de Allende, en los juzgados de Pachuca, señalado por el presunto delito de uso ilícito de facultades y atribuciones agravadas.
Sin embargo, el Ministerio Público solicitó que la audiencia fuera privada, la defensa no tuvo oposición y el juez Víctor Hugo Matadamas Barranco resolvió que así se llevara a cabo.
El Ministerio Público argumentó que en la audiencia inicial se darían a conocer datos sensibles como cuentas bancarias, personas físicas, personas morales, contratos, que en la carpeta se investigan otros hechos y que todo ello pondría en riesgo la investigación.
La causa penal en la que se investiga al presidente municipal de Tula es la 849/2023, su defensa la conformaron cuatro abogados, el Ministerio Público estuvo integrado por cuatro agentes. La audiencia inicial se desarrolló en la sala número lll. Tras el inicio de la audiencia se dieron dos horas de receso para comenzar nuevamente a las 11 de la mañana y concluir después de las cinco de la tarde.