Netzaí Sandoval Ballesteros, titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), lamentó que la figura de prisión preventiva oficiosa criminalice más a las mujeres, por lo que coincidió en la necesidad de eliminarla.
“La prisión preventiva oficiosa debe eliminarse, suprimirse absolutamente, tiene que desaparecer del artículo 19 constitucional”, expresó el funcionario.“Esta política de fomentar la prisión preventiva es todavía más grave tratándose más de las mujeres, las criminaliza más”, agregó.
En entrevista para MILENIO, explicó que más del 40 por ciento de la población penitenciaria en México está en prisión preventiva yen el caso de las mujeres, aumenta a más del 50%.
“Aproximadamente más del 40 por ciento de la población penitenciaria en México está en prisión preventiva, entonces son personas inocentes, que no han sido encontradas culpables por nadie; y sin embargo, están privadas de libertad”, expuso.“En el caso de las mujeres todavía es peor, aproximadamente un poco más del 50 por ciento son personas que están en prisión preventiva”, agregó.
De acuerdo con Netzaí Sandoval, esa herramienta, al igual que el arraigo, es inconvencional y violatorio de derechos humanos, pero en el caso de la prisión preventiva justificada, sólo debería aplicarse excepcionalmente y estar sujeta a límites temporales, como dos años.
“Invito a la gente a reflexionar de dónde vienen esas figuras: fueron aprobadas en 2008 ¿Y quién las impulsó? El gobierno de Felipe Calderón ¿Y quién era el artífice de todos los casos penales en ese gobierno? Genaro García Luna, que fabricaba casos, torturaba personas, no sólo él sino (Luis) Cárdenas Palomino.
“¿A quién le dimos ese poder punitivo del Estado omnímodo? ¿A quién le dimos esas herramientas violatorias de derechos humanos? ¿A quién le dimos la capacidad de arraigar indiscriminadamente? ¿A quién le dimos la capacidad de acusarte y que estuvieras en prisión preventiva oficiosa ilimitadamente? A Genaro García Luna”.
Cultura punitivista se está revirtiendo; populismo penal no funciona
El también Maestro en Derecho por la UNAM y la Universidad Complutense de Madrid explicó que este escenario no es sólo un problema de los jueces, sino de una cultura punitivita que imperó muchos años en México.
“Y es muy difícil de combatir porque esa cultura punitivista vende más, es mucho más popular. Si tú le dices a la gente, ‘yo voy a ser el gobernador o el presidente municipal y voy a tener mano dura, voy a aumentar las penas y a mí no me va a temblar la mano…’claro, eso vende, genera votos”.
Un ejemplo de ello, recordó, fue el de un partido político que, a través de spots presumía el aumento a cientos de años las penas contra secuestradores.
“¿Quién cree que eso es algo importante o sensato? ¿Quién vive 100 años? Es absurdo y además para cometer un delito debes tener 18 años, ¿Quién vive 118 años? Es irracional esa política punitivista, esa cultura de populismo penal no funciona, no sólo en México sino en ningún lugar del mundo”.
Netzaí Sandoval argumentó que todos los estudios demuestran que aumentar las penas no reducen los índices de criminalidad.
“Esa cultura punitivista imperó y estuvo impulsada por políticos y gente poderosa en este país y esa cultura impulsó mecanismos como la prisión preventiva oficiosa, el arraigo en materia penal, herramientas que te permitían dejar sin derechos, en estado de indefensión absoluto a una persona, aunque son violatorias de los derechos humanos y las convenciones internacionales”.
El también profesor de Amparo y Derecho Constitucional de la Ibero sostuvo que ahora se está comenzando a revertir dicha cultura punitivista: “estamos dando algunos pasos para cambiar esa visión”.
“Los tribunales internacionales y la jurisprudencia en derechos humanos reconocen o admite la prisión preventiva siempre que sea una excepción: la regla tiene que ser que la gente enfrente sus procesos en libertad y excepcionalmente cuando la persona es muy peligrosa para las víctimas porque amenazó o amenazó a los testigos; o cuando puede evadir la acción de la justicia, en esos casos lo puedes mantener privado de la libertad en prisión preventiva, excepcionalmente”, puntualizó.
En México, la prisión preventiva ha sido la regla en lugar de la excepción, matizó el también especialista en Derecho de la Administración y Procuración de Justicia: “esa prisión generalizada y automática es un castigo adelantado, una violación a derechos humanos”.
La cultura punitivista no sólo ha permeado en el ámbito judicial, sino en el legislativo y otros sectores, expresó Sandoval Ballesteros.
IFDP se ha entrevistado con más de 900 internas de Santa Martha Acatitla
Sobre las labores del IFDP en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla en asesorar a internas que lo soliciten tras la visita del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, Netzaí Sandoval expuso que han desplegado siete brigadas para tal fin.
“La Defensoría Pública siempre ha estado presente en Santa Martha, lo que pasa es que mandábamos defensores en lo individual a hacer visitas carcelarias a las personas que representamos (…) a las personas que están acusadas de cometer delitos federales, obviamente es la minoría porque nueve de cada 10 delitos que se cometen en México son locales”, explicó.
Al 30 de junio, fecha en que se efectuó esta conversación, se han generado 932 entrevistas a mujeres privadas de la libertad, de estas, 652 pidieron que el IFDP las representaran.
“Hemos enviado en las diferentes brigadas más de 228 servidores de la Defensoría Pública a entrevistar a estas personas y empezar a documentar los casos”.
Víctima de trata en prisión… acusada de trata
Sandoval Ballesteros recordó un caso que ejemplifica cómo el sistema le ha fallado a las mujeres y a la sociedad en general, y ahora el Instituto Federal de la Defensoría Pública busca ayudar.
Una mujer indígena oaxaqueña, quien fue víctima de trata de personas, enfrenta un proceso penal en español acusada del delito del cual ella sufrió.
“Ella en realidad era víctima de trata, la obligaban a prostituirse y cuando ella se niega a pagarle dinero al tratante, él la amenaza y le dice ‘si tú no me pagas lo que me corresponde de dinero que estás ganando, te voy a acusar y te van a meter a la cárcel’.“Ella se mantiene en no darle dinero, y en efecto, él la denuncia supuestamente por estar cuidando y teniendo control sobre las otras mujeres que él explota sexualmente”.
La mujer fue procesada y condenada, aun cuando no tuvo abogado que conociera su lengua y a los jueces “no les importó que esta mujer fuera indígena y no le asignaron un abogado bilingüe porque alegan que hablaba español”.
“Insisto, no se trata sólo de que el imputado entienda el proceso, también se trata de que los jueces conozcan la visión de los pueblos indígenas. Si no tienes un abogado bilingüe no vas a tener esa garantía”, expresó.“Ese me parece un ejemplo demoledor de cómo el sistema de justicia puede procesar y condenar a una persona sin respetar sus derechos”.
JLMR