Suspenden procedimiento de designación del nuevo titular de la Prodecon

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México Justo y diversos despachos jurídicos interpusieron un amparo contra el proceso de designación tras acusar que los candidatos no cumplen con los requisitos para ocupar la titularidad.

Un amparo de despachos jurídicos frenó la designación en el Senado.
Silvia Arellano
Ciudad de México /

La Tercera Comisión de la Comisión Permanente suspendió el procedimiento de designación del nuevo titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que la Permanente recibió este sábado del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León el oficio para suspender el proceso de designación.

El viernes pasado, durante la comparecencia de los tres aspirantes, los priistas advirtieron de dicho recurso, sin embargo, el morenista decidió continuar con el procedimiento. Incluso, la presidenta del Senado, Mónica Fernández informó que no había recibido ningún documento.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México Justo y diversos despachos jurídicos interpusieron un amparo contra el proceso de designación. Los quejosos consideraron que ninguno de los tres candidatos propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple con los requisitos mínimos exigidos por la ley para ocupar el encargo.
La terna está compuesta por: Marta Patricia Jiménez Oropeza, Carlos Alberto Puga Bolio y Ricardo Rodríguez Vargas. 

La Ley Orgánica de la la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), señala que para ser titular es necesario contar con experiencia acreditada en materia fiscal en los últimos 5 años.

Carlos Alberto Puga y Ricardo Rodríguez se desempeñaron en los últimos años como funcionarios de la Secretaría de Hacienda, pero no cuentan con experiencia fiscal por el tiempo requerido.

En el caso de Ricardo Rodríguez tiene una restricción legal pues se prohíbe haber sido titular de alguna entidad paraestatal en el gobierno federal en los tres años previos al nombramiento y recién renunció a la dirección del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

En su resolución el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, advierte a las autoridades que en caso de desobedecer la suspensión dictada serán responsables del delito previsto en la Ley de Amparo que contempla la sanción de destitución e inhabilitación y pena de prisión de 3 a 9 años.

jlmr

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