Los beneficios de programas gubernamentales alcanzaron un alza de casi 156 por ciento en el primer año del actual gobierno federal respecto a 2018, dio a conocer la Secretaría del Bienestar en su Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social de estados y municipios y demarcaciones territoriales, de cara al ejercicio fiscal 2026.
Mientras que en 2024 los apoyos ascendieron a 2 mil 500 pesos trimestrales por hogar, en 2018 se registraron transferencias por 977 pesos, variación que ha impactado en la reducción de la desigualdad a nivel nacional, fundamentada en la articulación de planes, programas y acciones en el marco de la cuarta transformación.
“En atención a los principios de progresividad y universalidad, en 2025 el fortalecimiento de la red de protección social implicó la implementación de nuevas medidas para ampliar la cobertura de derechos. Destacan la universalización de becas (...) las acciones de fortalecimiento al sistema nacional de salud y las mejoras mediante acciones en vivienda y desarrollo comunitario”, agrega el documento del Bienestar, basado en los últimos datos disponibles del Inegi.
Incluso, para el presente ejercicio fiscal la Secretaría del Bienestar tiene una proyección de 674.5 mil millones de pesos, lo que representa un 16 por ciento más respecto a 2025, cuya asignación presupuestal fue de 579.8 mil millones.
Para garantizar los recursos, la Federación ha fortalecido la recaudación fiscal, sustentada en mejoras en los procesos de fiscalización, combate a la corrupción, eficiencia del gasto público, fortalecimiento de aduanas y combate a la elusión fiscal.
De enero a octubre de 2025, de acuerdo con informes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), los ingresos del gobierno ascendieron a 5 billones 70 mil 877 millones de pesos, esto es, un incremento del 7.9 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, cuya recaudación fue 4 billones 524 mil 780 millones.
Primer año de Sheinbaum, el mejor para el apoyo social
En el primer año de la actual Administración, según indica el Informe, se alcanzaron niveles históricos de inversión social en pensiones y programas prioritarios que atienden a las poblaciones de mayor vulnerabilidad.
En ese rubro, el informe realiza una comparación de 2019 a 2025, periodo en el que se registró un incremento acumulado del 251 por ciento al pasar de 242 mil 086 millones de pesos a 850 mil millones de pesos.
Los programas y apoyos se enfocan en diversos ejes como el bienestar social y de género que comprende pensión para adultos mayores, para mujeres y personas con discapacidad, entre otros.
Así como dirigidos a la educación, que comprende diversas becas; en materia de salud, como el programa Salud Casa por Casa, y otros, orientados a las juventudes, la vivienda, infraestructura y el campo.
Como resultado de ello, así como del fortalecimiento al salario y la recuperación sostenida del salario mínimo con beneficios en la reducción de la brecha salarial por género bajo el principio de “a trabajo igual, salario igual”, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a través del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se observa una disminución de las personas en situación de pobreza.
Los resultados más recientes de la medición de la pobreza multidimensional del Inegi indican a nivel nacional 13.4 millones de personas salieron de la pobreza y 1.7 millones dejaron la pobreza extrema, de acuerdo con el Análisis de los Resultados de la Medición de la Pobreza Multidimensional 2024, publicado en 2025.
Al cierre de 2025, el Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social indica que las entidades que concentran el mayor índice de pobreza y pobreza extrema son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla.
El combate a la pobreza, una promesa por cumplir
En el otro extremo, en cuanto a situación de pobreza, están Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Sonora y Coahuila.
El comportamiento es ligeramente distinto en lo referente a la pobreza extrema, también encabezado por BC pero seguido de Nuevo León, Aguascalientes, Coahuila y Colima.
Para abatir el rezago, desde la década de los noventa, se habilitó el Fondo de Aportaciones Federales (FAF) que a su vez se clasifica en ocho fondos destinados a atender prioridades en educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y el fortalecimiento financiero de las entidades federativas y de los municipios.
Particularmente, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) contribuye al bienestar de la población mediante el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, a localidades con alto o muy alto grado de rezago social.
A partir de 2024, el FAIS se articuló en dos componentes para su distribución, el Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).
Al año siguiente, tras la reforma al artículo segundo constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, se determinó que para el ejercicio fiscal 2025, se incorporaría un tercer componente: el indígena.
En todos los casos, los recursos deben estar orientados a servicios como agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, electrificación, infraestructura educativa y en salud, mejoramiento de vivienda y urbanización.
Al respecto, de acuerdo con el Informe, los estados con la clasificación más alta en rezago social son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla; por tanto, los que suman la mayor aportación de recursos del FAIS, con excepción de Puebla, que recibe poco menos que el Estado de México.
Con base en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), los recursos que la Federación transfiere a estados, municipios y demarcaciones territoriales están condicionados a dar continuidad a los objetivos del FAIS para avanzar en la disminución de la pobreza y pobreza extrema.
Para abatir el rezago social y optimizar la inversión en infraestructura social básica.
Además, sus acciones deben encaminarse a los objetivos prioritarios de acuerdo al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, elaborado por la Secretaría de Bienestar y publicado cada enero en el Diario Oficial de la Federación.
De manera trimestral, estados, municipios y demarcaciones territoriales están obligados también a reportar a las Secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en qué emplean los recursos recibidos.
La finalidad del Informe es dar información vigente sobre la situación de la pobreza, el rezago social, la inversión en infraestructura social básica, así como información sociodemográfica y económica para orientar la planeación y toma de decisiones en la implementación de políticas públicas, indicó la dependencia.