Con la intención de clarificar y rastrear cuántos recursos económicos utiliza de manera efectiva el gobierno federal en el combate a la corrupción, instituciones públicas y ciudadanos trabajarán en una propuesta para monitorear cuánto destinará a las diferentes instituciones dedicadas a ese fin en el Presupuesto de Egresos 2021.
La última vez que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) informó de manera clara cuánto dinero se destinaría al combate a la corrupción fue en 2018, en el Anexo Transversal “Recursos para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos”, en el que se etiquetaron 10 mil 400 millones de pesos para las diferentes instituciones que participan en esa labor.
Después, ya no se pudo conocer cuánto fue el presupuesto destinado a ese fin, advirtió la organización Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.
Ante ello, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) en conjunto con Ethos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), conformará un grupo técnico con funcionarios y expertos de la sociedad civil y la academia, para desarrollar una metodología para garantizar que el próximo año haya presupuesto anticorrupción claro y rastreable.
“En México, la imposibilidad de rastrear los recursos destinados al combate de la corrupción genera incertidumbre sobre si las asignaciones presupuestarias son suficientes para que las dependencias puedan llevar a cabo su labor y, por lo tanto, constatar que existe un avance en el combate de la corrupción”, explicó la organización Ethos en la presentación de un panel en el que se expuso la necesidad de insistir en la creación de un Anexo Transversal que monitoree esta información, propuesta que ha formulado desde el 2016.
Ethos detalló que un Anexo Transversal permitiría identificar cuánto se invierte en anticorrupción, saber quién ejerce los recursos (dependencias, unidades responsables, entre otros) y conocer la importancia real del tema al compararlo con otros rubros de gasto.
Ethos expuso que el Anexo Transversal debería tener una metodología clara sobre lo que se quiere medir (gasto en el combate de la corrupción versus el gasto en el SNA) así como una definición de corrupción, precisó.
Además, conocer qué programas, dependencias y/o partidas deberían incluirse y cuáles no; contar con un ente que dé seguimiento al ejercicio de los recursos y que emita opiniones para mejorar la efectividad del Anexo y del gasto anticorrupción.
Asimismo, definir mecanismos para monitorear el avance de las dependencias en el combate de la corrupción.
“Para que la publicación del Anexo Transversal no dependa de la voluntad política y pueda garantizarse la continuidad en el monitoreo de los recursos destinados al combate de la corrupción, se recomienda hacerlo obligatorio al incluirlo en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).
“Con ello también se visibilizarían los recursos ejercidos en anticorrupción, permitiendo identificar si las adecuaciones presupuestarias que realiza el Poder Ejecutivo reducen los recursos destinados al tema”, añadió.