Con el fin de evitar que los niños sean maltratados con golpes o humillaciones verbales, que en el siglo pasado eran normales para corregir, la bancada de Movimiento Ciudadano presentó hoy una iniciativa para homologar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León, con las disposiciones federales para garantizar su sano desarrollo.
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En conferencia de prensa en la Oficialía de Partes del Congreso local, Eduardo Gaona, coordinador de MC, dijo que se agregaría al Artículo 4 Bis 1, la prohibición de castigo corporal o físico cometido en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de orejas, obligar a sostener posturas incomodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve.
Sobre el BIS 2 también se propone que la prohibición de castigo humillante no se ejerza, como lo ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación.
“En enero de este año, a nivel Senado se propuso una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y nuestro Estado no ha cumplido con la homologación. Estamos proponiendo que el maltrato, los golpes o las humillaciones que se den a los infantes en nuestro estado sean castigados y reconocidos en la Ley como hechos que no deben de suscitarse”, añadió el coordinador.
Gaona señaló que la iniciativa presentada es el resultado de mesas de trabajo realizadas con la colaboración del DIF Nuevo León y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Monterrey.
“Organizaciones como Save the Children han dicho que ocurren importantes afectaciones negativas cuando a un niño o niña se le violenta”, agregó Gaona.
En las mesas de trabajo para concretar esta iniciativa, dijo, se realizó un análisis de la normativa local en la materia, para así identificar los preceptos ausentes y proponer que se adicionen a la Ley estatal.
“Aquí está la muestra de que cuando se trabaja en conjunto, no solamente desde el escritorio, podemos hacer trabajo que verdaderamente beneficie a nuestra sociedad, en este caso niñas, niños y adolescentes”, finalizó el emecista.