MC plantea reducir periodo de fiscal General en NL; gobernador propondría ratificación

La reforma a la Constitución local detalla el fiscal podrá ser ratificado por un periodo adicional a propuesta del titular del Poder Ejecutivo.

Eduardo Gaona, coordinador de MC en Congreso de Nuevo León | Especial
Kevin Recio
Monterrey, Nuevo León /

En el marco del estudio que realiza la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León, Eduardo Gaona, presentó una reforma constitucional para que el gobernador en turno ratifique al fiscal General de Justicia, al tiempo que propone reducir de seis a cuatro años el cargo.

La reforma al artículo 159 de la Constitución local detalla que en los casos en que exista la ausencia definitiva o en la aceptación de la renuncia del fiscal General, así como a 90 días previos de que finalice su periodo sin la ratificación del gobernador en turno.

Asimismo, con la reforma al artículo 159, se añade que el fiscal General de Justicia será nombrado por el término de cuatro años, y podrá ser ratificado por un periodo adicional a propuesta del titular del Poder Ejecutivo.

“Actualmente estamos viviendo una crisis de gobernabilidad por los conflictos políticos causados por los partidos políticos, principalmente desde el Congreso del Estado. Para la ciudadanía no es desconocido que tanto los procesos de elección del fiscal General, la Auditoría Superior del Estado, y recientemente el de fiscal Anticorrupción y de los Delitos Electorales, se han visto entorpecidos por causa de intereses partidistas que se niegan a dejar espacios a nuevos perfiles con capacidad técnica y autónoma”.
“Tenemos la urgencia de enderezar el rumbo político de nuestro estado y establecer de manera contundente mecanismos transparentes y democráticos para la elección de puestos tan importantes”, manifestó Gaona.

La normativa vigente establece que el cargo de fiscal General de Justicia del Estado es por un periodo de seis años.

Gaona reiteró que, de cara a un proceso electoral, se busca dar certidumbre jurídica para futuros procesos democráticos, a fin de evitar que Nuevo León caiga en una nueva crisis política a causa del Congreso del Estado.

“Se promueve establecer una mejor dinámica de pesos y contrapesos, fomentando principalmente la coordinación entre los Poderes para la designación de cargos tan relevantes”, concluyó.

mrg

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